La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió una sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, al hallarlo responsable de 117 hechos criminales perpetrados entre los años 2002 y 2006 en el departamento de La Guajira, principalmente contra comunidades indígenas wayúu y población civil rural.
El fallo, considerado uno de los más relevantes dentro del sistema de justicia transicional, establece que Mancuso, en su condición de máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tuvo responsabilidad directa y de mando en una estrategia armada que derivó en homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, violencia sexual y amenazas sistemáticas, ejecutadas por estructuras adscritas al Bloque Norte, en especial el denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu.
Crímenes sistemáticos y control territorial
De acuerdo con la sentencia, los hechos no fueron aislados ni producto de excesos individuales, sino parte de un plan criminal organizado para ejercer control territorial, intimidar a la población y neutralizar supuestos apoyos a grupos guerrilleros en zonas estratégicas del norte del país, especialmente en corredores rurales y fronterizos de La Guajira.
Las comunidades afectadas se concentran en sectores de Uribia, Riohacha y zonas rurales del centro del departamento, donde el accionar paramilitar dejó una profunda huella de desarraigo, ruptura del tejido social y afectaciones culturales, particularmente en pueblos indígenas.
Pena impuesta y alcances jurídicos
El Tribunal impuso a Mancuso una pena de 40 años de prisión, además de inhabilidad para ejercer cargos públicos y otras sanciones accesorias. No obstante, la decisión se enmarca en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que contempla beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de compromisos como la confesión plena de los hechos, la contribución efectiva a la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.
En ese sentido, el fallo recalca que cualquier beneficio dependerá del nivel real de colaboración del condenado y del impacto de sus aportes en el esclarecimiento de otros crímenes y responsables.
Reconocimiento a las víctimas
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es el reconocimiento de comunidades indígenas wayúu como sujetos de reparación colectiva, una decisión que abre la puerta a medidas integrales orientadas no solo a la indemnización económica, sino también a la recuperación cultural, social y comunitaria de los territorios afectados.
El Tribunal subrayó que los crímenes tuvieron un impacto desproporcionado sobre pueblos históricamente vulnerables, lo que agrava la responsabilidad penal y ética de los responsables.
Contexto y debate nacional
Salvatore Mancuso fue uno de los principales jefes paramilitares hasta la desmovilización de las AUC en 2006. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y regresó a Colombia tras cumplir su condena en ese país. Su reciente condición de gestor de paz, otorgada por el Gobierno Nacional, ha generado un amplio debate público, especialmente frente a decisiones judiciales como esta, que reafirman la magnitud de los crímenes cometidos bajo su mando.
Un fallo con impacto regional
Para La Guajira, la sentencia representa un reconocimiento judicial tardío pero significativo del daño causado por el paramilitarismo y un avance en la lucha contra la impunidad. Organizaciones de víctimas han señalado que el fallo es un paso importante, aunque insuficiente, si no se traduce en acciones concretas de reparación y presencia efectiva del Estado en los territorios más golpeados por la violencia.