Opinión

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

Nada ha sosegado la dura crisis que en los últimos años viene padeciendo el sector lácteo del país. Por el contrario, cada día los desafíos son más complejos debido al constante descenso del consumo de leche, la disminución de la producción diaria, el alza en los precios, el aumento de los inventarios y los fenómenos climáticos. En definitiva, una coyuntura crítica que agudiza la incertidumbre sobre el futuro de uno de los sectores que por generaciones ha sido un importante motor de desarrollo económico y social en Colombia.

La tendencia a un consumo menor de leche entre los colombianos, así como los fenómenos inflacionarios que han aumentado su costo, están golpeando de manera dramática a los lecheros. En las cifras informadas por la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), que muestran la caída del consumo de un 9% en el año 2022 y de un 6% en 2023, se imprime la fotografía de lo que viene sucediendo desde hace más de 2 años. Situación que afecta seriamente la sostenibilidad de la cadena productiva, la economía y la seguridad alimentaria del país.

En estos momentos, la industria tiene más de 250 millones de litros de leche en stock, que con la llegada de las lluvias y el fenómeno de La Niña, se multiplicarán. Como consecuencia de las bodegas llenas, las grandes compañías han reducido el volumen de leche comprado a los pequeños productores en hasta un 15%, afectando al actor más vulnerable de la cadena láctea: los campesinos productores, quienes no han percibido en sus ingresos, los altos aumentos que ha tenido el producto y, por el contrario, mantienen un margen de ganancia bajo.

A lo anterior hay que sumarle, la imposibilidad que tienen los productores locales de competir con los bajos costos de la leche y los productos lácteos que se importan en Colombia. Con un producto importado a precios muy bajos por la ventaja arancelaria y los subsidios que reciben de sus gobiernos, las empresas procesadoras optan por comprar la leche a otros países, afectando la producción local. Sin duda, uno de los eslabones más golpeados en la cadena, al que el Gobierno le debe prestar especial atención.

Otras problemáticas que amenazan a los pequeños y medianos lecheros como los altos costos de los insumos y el aumento en la productividad del ganado en las temporadas de invierno, también deben ser atendidas para desarrollar al máximo el gran potencial que tiene el sector. Las acciones para mitigar la crisis y evitar su escalamiento, no dan espera

Con un gran manto de dudas ceñido alrededor de la realidad y el futuro del sector, lo único que está claro es que en este momento hay que concentrarse en trabajar unidos por la recuperación de la actividad lechera colombiana. La transformación productiva de la actividad depende de todos los actores del mercado, entre ellos; la industria, los importadores, los comercializadores y el Gobierno, por lo que como primera medida es urgente la construcción conjunta de una estrategia dirigida a fortalecer la producción nacional, realizar campañas masivas de consumo de leche y elevar su participación en el mercado exportador.

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

El rezago de Ecopetrol en muchos de sus frentes está agudizando la actual crisis de confianza en su liderazgo y estrategia corporativa, avivando los cuestionamientos a la gestión de la estatal. La incertidumbre acerca del futuro de la empresa más grande de Colombia, es un pésimo síntoma que coincide con el deterioro de la compañía, aumentando el temor por su impacto en las finanzas públicas de Colombia.

Los tropiezos en su gestión y estrategia de transición energética, demandan una revisión profunda y crítica. Cada día la empresa demuestra su dificultad de adaptarse a las exigencias del mercado sostenible, un claro ejemplo es él desangre financiero de aproximadamente $3,000 millones diarios, que presenta por la baja cobertura energética en sus procesos productivos que la obligan a comprar a precios de bolsa de energía.

Esta alta dependencia de la energía eléctrica que tiene en su operación encarece de manera considerable el precio del barril, representando un alto costo para sus finanzas, anualmente la compañía gasta unos 250 millones de dólares para la adquisición de energía. Una evidente falta de previsión y estrategia a largo plazo que ha costado caro a la compañía y a sus accionistas.

La caída en las utilidades y los ingresos del 2023, que según el balance financiero oficial, fue del 42,8% en comparación con los 33,4 billones de pesos registrados en el 2022, y de un 10,2% con $16,4 billones menos frente al año anterior, reflejan el retroceso y la crítica situación de Ecopetrol.

Los signos de lentitud y falta de agilidad, que demuestra compañía en medio de industria tan compleja como la petrolera, están deteriorando su reputación y atractivo como inversión segura y rentable. Ni que decir de las últimas decisiones anunciadas, como la confirmación de importar gas desde Venezuela el próximo año, que nos conduciría a la pérdida de la seguridad energética y el incremento en los precios del combustible.

A todo lo anterior, se suman los problemas jurídicos de su presidente Ricardo Roa, a quien se le investiga por la financiación de la campaña presidencial de 2022. Un escándalo que nada bueno le genera a la empresa petrolera que se encuentra cotizando en la Bolsa de Valores de Colombia y de Nueva York.

Con un rezago sin precedentes, fruto de la desinversión en la exploración y producción, la reducción en la actividad de taladros, una transición energética estancada, y la evidente inacción de su dirección, la empresa presenta delicados riesgos que demandan una revisión profunda y crítica, con actuaciones transparentes.

El país necesita una dirección realmente comprometida con la transición energética que potencie los recursos de crudo y gas, garantizando la eficiencia operativa y financiera de la empresa, así como el cumplimiento de sus objetivos ambientales y económicos. Urge un plan de acción claro, respaldado por inversiones significativas en tecnologías que disminuyan su impacto ambiental y genere resultados.

Por: Elinda Bruges González Comunicadora Social- Periodista

¿Por qué será que La Guajira es objeto de tanta corrupción y entramados? ¿Qué es lo que la hace tan atractiva para que se empecinen con ella? Me atrevería a decir que no solo su riqueza natural; la vulnerabilidad de su gente y sus necesidades; pero más que eso, el silencio cómplice de sus habitantes, su memoria selectiva, la adulación pecaminosa a políticos, que con sus atractivos discursos de falsedad han hecho procrastinar el fin común de miles de guajiros.

La ignominia que se ha cometido con esta región es similar a su índice de pobreza, el cual ostenta un indecoroso segundo lugar, solo superado por Chocó. La península ha sido avergonzada, su carácter de ser la majestuosa entrada a Sur América, un título ganado por su estratégica ubicación geográfica, ahora guarda similitud con la gran Cenicienta del Caribe, por ser el emporio de las promesas incumplidas, la burla ruin de los que aparecen en campaña a buscar votos, de los votos que algunos ciudadanos entregan con afán a un aparecido, que ni siquiera es de su tierra, que no la siente, con la falsa intención de cambiar lo incambiable. Siento que a los guajiros les ha faltado, así como su tono de voz se asemeja a las olas del mar cuando irrumpen en las piedras de sus playas, fuertes y contundentes, así debe ser la persistencia de su carácter cuando su tierra ha sido violentada moral y socialmente, cuando se les arrebata la capacidad de tenerlo todo, porque esta tierra ha dado todo, limitándose a pedir favores y no a exigir derechos. Muchos prefieren mirar de largo, otros no hacen eco y muchos otros parten para no ver terminar de desmigajar a su tierra.
Del futuro ni se habla, parece que no existieran las nuevas oportunidades para esta región y su gente.
Creo que si Francisco J Brito se asomara tan solo un ratico a ver lo qué pasa en su natal Guajira, volvería a encerrarse en su caja mortuoria a escribir un nuevo bando, eso sí, un bando fuerte, tal vez sin escrúpulos, ni tapujos para expresar unas cuantas y necesarias verdades con elegancia, diciendo cada cosa por su nombre, llamando a fulanito y sutanito “sin vergüenzas”, quizá no le alcanzará el papel, pero sí su alma aguerrida por defender lo suyo.
No solo basta con que a la Guajira la mencionen en inspiradoras canciones, ni que se recuerde a Gabo caminando en sus calles como el literato que fue engendrado en sus históricas casas o que Francisco el Hombre sea el más valiente por enfrentar a ese mismo que ha estado entrometiéndose en el devenir de este pueblo y su gente.

Y aun así, entre tantas dificultades, entre lo precario y el olvido, entre el gobierno y desgobierno, entre lo diáfano y lo oscuro, la Guajira, espera que algún día, alguien o algunos la defiendan y no de cualquier manera, ella espera que el ímpetu con el que se ha levantado a través de su historia, sea el mismo que no se haya desvanecido, para salvarla de esa vastedad desolada que pesa tanto como el olvido de sus habitantes.
Hay un abandono sistemático entre las partes, que se acompaña con el silencio resignado de su gente que parece aceptar la pobreza como destino inevitable.

Entonces resulta necesario y urgente despertar la conciencia colectiva y hacer un llamado a la acción, para romper este ciclo de desatención y desesperanza que hacen que la “dama reclinada” ya esté cansada de rufianes “galanes que dicen quererla”.

Por Vilbrum Edward Tovar Peña.

Con el desplome o hundimiento de las reformas sociales el tiempo es valioso y si nos reaccionamos oportunamente el pueblo soberano que es sabio y nuestro jefe con razón nos pasara una factura con altísimos intereses.
Estamos de acuerdo con nuestro presidente Gustavo Petro que cuatro años no son suficientes para hacer las trasformaciones necesarias, necesitamos ganar las elecciones parlamentarias en el 2026, pero también necesitamos un gran acuerdo para superar la violencia y sus caldos de cultivos la corrupción y el narcotráfico.
Es necesario proponer y darle tramite a una ley de punto final que beneficie a todos los actores de la violencia y nos conduzca por los caminos verdaderos de la reconciliación y la paz devolviéndole la tierra a los campesinos desplazados como punto número del acuerdo de paz que contiene el acuerdo que se pactó con la insurgencia y que muchos se empeñaron en volverlos trizas. El cumplimiento de este acuerdo contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
Entonces es hora de asumir responsabilidades, gobernar y demostrar que estamos dispuestos a corregir nuestros desaciertos, para ello debemos ejecutar con transparencia, eficacia y eficiencia los recursos públicos.
El presidente Gustavo Petro ha insistido por todos los medios y con angustia en lograr un acuerdo nacional para sacar adelante las transformaciones sociales que beneficien al pueblo.
Pero la respuesta definitiva, contundente y concluyente de los opositores desde el Congreso de la Republica, es la clásica actitud constante de hacer chistes y no tomar en serio nada ni a nadie, lo que es igual a la clásica “mamadera de gallo” para conservar las cosas como están y mantener los privilegios de los sectores minoritarios que los financian en sus campañas.
La oposición no puede ser tan mezquina y pensar solo en garantizar el control y dominio de importantes sectores sociales con sus contratos precarios en la relación laboral, controlar las licitaciones públicas, seguir manejando sin vigilancia los recursos de la salud de los colombianos con su intermediación que conduce a que desaparezcan billones de pesos, mientras los ahorros de los trabajadores en los fondos privados de pensiones acrecientan beneficios del sistema financiero en detrimento de las futuras o casi nulas pensiones.
Una clase política que amaga y vacila en el trámite de las reformas sociales en el congreso, mientras mantiene su representación y control de los órganos de dirección del gobierno nacional en especial en los institutos descentralizados en los territorios, donde continúan ejerciendo el ordenamiento del gasto, la contratación y la no aplicación de las políticas públicas del gobierno del cambio oponiéndose sistemáticamente a ellas, pero en beneficio no solo quienes los sostienen en sus cargos sino también de quienes son dueños de sectores estratégicos de la economía que controlan los peajes por las grandes las carreteras nacionales y la infraestructura portuaria. Para solo citar dos casos.
Este sector minoritario que se opone al progreso de la economía y la colectividad, con una amplia representación en el Congreso de la Republica en el momento definitivo de las decisiones se alinean con quienes los financian y hunden las reformas sociales.
Frente a esta realidad no toca otra salida que el presidente de la republica recurra a establecer el esquema GOBIERNO- OPOSICION. Que nuestro presidente desde el ejecutivo realicemos las obras publicas de infraestructura y ejecutemos los presupuestos estatales que beneficien al pueblo.
Quienes no ganaron el gobierno, pero ganaron una representación en el senado y cámara hagan lo que le corresponde hacer y para lo cual fueron elegidos, realicen los respectivos debates de control político. De esta forma se enriquece la democracia y se respetan sus derechos.

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

Pañitos de agua tibia que están lejos de disipar la fuerte calentura que ahoga la Costa Atlántica por las altas tarifas de energía, fueron los que colocó el Gobierno Nacional la semana pasada en la reunión con los congresistas de la bancada Caribe. Con soluciones de mediano y largo plazo, el Gobierno sorteó el problema de la crítica situación energética de esta región del país, una de las piedras en el zapato que no se ha podido quitar.

La insatisfacción del Caribe radica en que las soluciones anunciadas no conducen a bajar el precio de la energía en los próximos meses. En conclusión, se seguirá en las mismas por un tiempo más, con la agravante que estamos en medio de un Fenómeno de El Niño que en menos de lo que canta un gallo va a impactar los recibos de energía, debido a la alta exposición en bolsa que tienen los usuarios de la región, quienes son objeto de aumentos injustos y desproporcionados.

Si los buenos momentos, con máximos históricos, en los embalses en el país, no se han traducido en reducciones en las tarifas de los usuarios, quienes a pesar de la abundancia hídrica, continuaron pagando elevados montos en las facturas de energía: ¿Qué se puede esperar durante esta temporada de sequía?

Este panorama se agudiza con la crisis financiera de las empresas distribuidoras, por la billonaria deuda que tiene el Gobierno Nacional por concepto de opción tarifaria, que amenaza con recrudecer debido a que no se ha cumplido con el desembolso total del crédito de 2 billones de pesos de Findeter con el que se buscaba diferir en cuotas el pago de obligaciones con las generadoras. Una medida que, además de insuficiente, no se ha hecho efectiva en su totalidad.

Tampoco hay que olvidar que en la Costa fue establecido un régimen tarifario especial que ha creado un hueco en el bolsillo de los usuarios. Aunque el Gobierno ha reconocido lo injustificable que resulta, que los usuarios de la Costa Caribe tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución, sigue sin dar una solución a este régimen especial transitorio.

Los intentos del Gobierno por lograr una disminución en el precio del kilovatio han sido infructuosos y opacados por la negligencia demostrada en temas cruciales como la elección de los comisionados de la Creg. En medio de todo, la Costa Atlántica exige alivios reales que contribuyan a mitigar las altas tarifas de energía, no soportan un nuevo incremento en sus recibos.

Ante este escenario, hemos pedido al Gobierno que entregue soluciones inmediatas, metiéndose la mano en el bolsillo y pagando la millonaria deuda que tiene con las empresas comercializadoras por concepto de opción tarifaria. También, que realice las inversiones en infraestructura, que actualmente recaen en los usuarios y elimine el injusto pago por concepto por pérdidas no técnicas de energía que está afectando a los más de 11 millones de usuarios del Caribe. Se requiere de una hoja de ruta que plantee las acciones necesarias a corto plazo para atender la situación que viven los diferentes departamentos de la Costa Caribe.

Por: Benjamín Murgas Téllez

La Visión de que en La Guajira haya una transición hacia una economía baja en Carbono hay que mirarla desde diferentes enfoques:

1. Desde la perspectiva de las condiciones meteorológicas el Departamento tiene todas las condiciones para convertirse en el principal generador de energías limpias no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, gracias a su alto potencial energético (Eólico y Solar) ya que es reconocida como uno de los 10 mejores sitios continentales a nivel mundial en función de su potencial eólico.

2. La transición energética se complica por el lado de la cultura del pueblo wayuu, que son los dueños de las tierras donde se deben localizar los proyectos de generación de energía eólica, principalmente, debido a las prerrogativas que poseen sobre la tenencia de la tierra, por tratarse de Resguardos Indígenas, y además, por el desplazamiento obligado que causa la instalación de molino de viento en el territorio, lo cual requiere que se diseñen algunas estrategias para hacerle frente a la situación, entre las cuales se pueden plantear:

• Es fundamental orientar el emplazamiento de los proyectos eólicos y solares en el departamento de La Guajira, de tal forma, que generen de verdad las posibilidades para transformar integralmente el estado de decida y atraso en las condiciones de vida de la población guajira, especialmente de los indígenas wayuu. La prioridad de la inversión debe focalizar la intervención de las variables que inciden básicamente en las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que están en la actualidad por encima del 90% (DANE), para mencionar el caso de Uribia.

• El proceso hacia la transición energética demanda un gran esfuerzo en la articulación y coordinación, orientada por los principios de concurrencia subsidiariedad y complementariedad, donde participen todos los niveles de gobierno (Nacional, Departamental y Local), academia, sector privado, organizaciones sociales y principalmente la población influenciada por la generación de energía. Además, los procesos de consulta previa y otorgamiento de las licencias ambientales deben ser participativos, articulados y transparentes.

• Se requiere un fortalecimiento para generar competencias, tanto en lo institucional y social en el Departamento, que permita enfrentar de manera adecuada los grandes y complejos retos que demandan el desarrollo social y territorial de La Guajira.

• Existe la necesidad de diseñar e implementar un modelo económico empresarial transversa e incluyente en los proyectos de generación de energía, donde se prevea la participación como socios la institucionalidad pública (Gobernación, municipios, resguardos), el sector privado, y principalmente la población impactada por los proyectos que se implementen.

• Ampliar la inversión para la generación de energía eólica marina aprovechando el gran litoral con que se cuenta en La Guajira.

• Una idea, que puede sonar descabellada, por la particularidad de la cultura de la población Wayuu y es: “Aprovechar el desplazamiento causado por el establecimiento de los proyectos, que es inevitable, para definir asentamientos en territorios comunes (establecerse en zonas específicas varias comunidades, menos dispersas) lo que permitiría brindarles mayor cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos contribuyendo de esa forma al mejoramiento de las condiciones de vida”.

Pero causa una alerta especial, el hecho, que aún no asoma una estrategia articulada entre la Gobernación con los demás actores (nación, municipios, academia, empresa privada, asociaciones, población Wayuu, entre otros,) para enfrentar el proceso de transición energética de forma integral, por lo que recomiendo que se establezca un equipo técnico interinstitucional e interdisciplinario que se encargue de pensar y definir cuál es la ruta y los proyectos a desarrollar en La Guajira frente a la transición energética.

Por otro lado, es cierto que la transición energética a producción de energías limpias (compromiso de la Agenda 2030), ocasiona la terminación del ciclo de extracción de carbón en La Guajira, causando un alto impacto en la economía del Departamento, debido a que el sector de Minas y canteras representa el 57.6 del PIB del Departamento para el 2022, siendo el carbón el principal componente. De ahí, que estamos en mora de iniciar un plan de choque prospectivo frente a la desestabilización que se generaría en la economía de La Guajira.

En ese sentido, todo apunta a que la estrategia es propender por recuperar la vocación económica que ostentaba La Guajira antes de iniciar la explotación minera en los años 80, donde su economía se basaba en la agricultura y el comercio, entre otras, pero para ser competitiva en la actualidad, requiere que se introduzcan procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación. No se puede desconocer, que en el Departamento se han hecho muchos ejercicios de identificación de apuesta para la diversificación de la economía (Agenda prospectiva, agenda de competitividad, entre otras) pero la realidad es que han ido a parar en los anaqueles de nuestras instituciones.

Creo que estamos a tiempo de definir estrategias reales frente al escenario incierto que se nos avecina, porque a pesar de que se logre consolidar una transición energética a partir de fuentes de energía eólica y solar, lo cual no está asegurado, las regalías y el impacto en nuestra economía no alcanzaría el nivel logrado por la explotación de carbón, ante todo en lo que tiene que ver con la oportunidad de empleos directos e indirectos generados. Lo anteriormente expuesto, indica que se debe establecer un proceso de desarrollo bien planificado que nos permita definir la visión que queremos los guajiros y residentes de nuestro Departamento, por lo cual planteo como trampolín para apalancar la formulación de una Agenda Prospectiva, que nos permita visionar las principales apuestas de Desarrollo Económico, Social y estrategias de inclusión de la población con un horizonte al 2050 (2026-2050), o sea, 24 años (incluye 6 periodos de Gobierno), y establecer mediante ordenanza Departamental un mecanismo de continuidad en su cumplimiento por parte de los futuros gobernantes, sin perjuicio de poder vincular los requerimientos que demanden las variaciones que se presenten en el futuro.

Otro aspecto critico a tener en cuenta es el relacionado con la participación equitativa, porque no se puede desconocer que en La Guajira nos caracterizamos por un pensamiento y accionar permeado por lo individual, el egoísmo y la poca solidaridad, lo que engendra una gran brecha social y económica entre los pobladores, evidenciado en el alto nivel del GINI (mide la desigualdad dentro de las poblaciones), que para el 2023 alcanzo 0,522, lo que nos ubica como uno de los Departamentos más desiguales (Pocos ricos y muchos pobres) del país. Esto en La Guajira se convierte en un tema complicado, porque implica, cambiar totalmente la manera de actuar, tanto de nuestros dirigentes como conciudadanos del común, o sea establecer un proceso de Desaprender para Aprender, lo cual nos ayudaría a reducir o eliminar errores repetitivos sobre todo en la manera de actuar y la toma de decisiones en nuestros procesos y nos apalancaría a un progreso ascendente, olvidando el pasado, pero aprendiendo de él para vislumbrar nuevas habilidades que nos conlleve realmente al desarrollo integral que urgimos en La Guajira.

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