Economía

Al interior de la empresa Cerrejón reina la preocupación. El staff de jefes ha recibido instrucciones sobre los proyectos, manejo de presupuestos y meditar sobre lo que será el futuro de la empresa en el departamento de La Guajira, ante la grave crisis social, que ha desbocado en cierres de vías, red férrea, bloqueos a mercados internacionales, y otra serie de problemas que en este momento mantiene atrapados cientos de toneladas del mineral, que no puede ser transportada a Puerto Bolívar.

Mientras eso ocurre al interior de una de las empresas mineras más grande de Colombia, Nación Wayuu se mantiene en las calles de Bogotá, en donde miembros de las comunidades que se encuentran en la zona de incidencia minera, hacen denuncias sobre los graves efectos ambientales que genera la explotación del mineral, la falta de consulta previa, y el abandono en la ejecución de obras sociales en toda la media y alta Guajira.

El cierre de la vía férrea cumplió seis días, esto ha provocado un efecto negativo a la producción, transporte e incluso amenaza la exportación a los mercados internacionales, en donde, de continuar las protestas se pondrían en serio peligro el cumplimiento de los compromisos comerciales.

En las últimas horas, la empresa Cerrejón expidió un nuevo comunicado en donde formula un llamado a poner fin a los seis días de bloqueos que se vienen presentando en la vía férrea por parte de comunidades representadas por la ONG Nación Wayuu.

“Exhortamos a esta organización a honrar el proceso de consulta en curso, liderado por el Ministerio del Interior, en el que, a la fecha, Cerrejón ha formalizado exitosamente 374 acuerdos con comunidades de los 427 indicados dentro de las consultas requeridas por la sentencia T-704. Estos acuerdos engloban más de 2.260 iniciativas sociales que las comunidades han definido y están implementando progresivamente de forma autónoma” dice el documento expedido de la empresa.
En el mismo documento aclara que la selección de las comunidades para su inclusión en este proceso es decisión de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior”.
Aseguran que los bloqueos a la vía férrea y carreteras impactan negativamente a todos en La Guajira, incluidos los miembros de la comunidad y demás empresas. Estas acciones impiden el suministro de bienes, el libre movimiento de personas y empleados, la llegada de suministros esenciales para nuestra operación minera y el transporte de carbón a puerto. Así mismo, los bloqueos nos impiden entregar agua potable a 164 comunidades de La Guajira, lo que hemos hecho desde 2014.
Lo más preocupante es que los bloqueos en curso están afectando la reputación de Colombia como proveedor confiable y afectan la capacidad de Cerrejón de enviar carbón oportunamente a sus clientes, quienes tienen a alternativas diferentes a Colombia.
Finalmente, la empresa Cerrejón hace un llamado a la organización Nación Wayuu para que demuestre un liderazgo constructivo, alentando a las comunidades a cumplir con el proceso de la DANCP, el cual, hasta la fecha, ha resultado en la identificación y acuerdos con otras 69 comunidades representadas por esta organización y, a poner fin a estos bloqueos continuos que afectan a Cerrejón y a la comunidad en general y pide a las partes a comportarse de manera pacífica y conforme a la ley.

Respuesta de Nación Wayuu

A través de un comunicado, el Movimiento Indígena Nación Wayuu rechazó las aseveraciones hechas por Cerrejón, en las que manifiestan que los bloqueos impactan negativamente a todos en La Guajira, incluidos los miembros de las comunidades a quienes se les impide el suministro de agua.

De acuerdo con la ONG, el cierre del territorio realizado por las autoridades tradicionales obedece a las graves violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido estas comunidades, quienes durante más de cuatro décadas han sido afectados e impactados ambiental, social, cultural y espiritualmente por la operación minera de Cerrejón.

Estas comunidades reclaman el cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016, una orden de la Corte Constitucional que condena a Cerrejón por las afectaciones antes mencionadas que ha causado a esta población sujeta de especial protección constitucional.

La organización hizo un llamado a Cerrejón a la sensatez y coherencia en sus comunicados, pues asegura que podrían estar poniendo en grave peligro la vida de los líderes y defensores de los Derechos Humanos adscritos a esta ONG, toda vez que se les está culpando y censurando por acompañar y defender los derechos de sus comunidades.

Finalmente, el Movimiento Indígena Nación Wayuu dejó constancia que cualquier situación que se presente en contra de las autoridades, líderes, profesionales voluntarios, activistas y defensores de los Derechos Humanos que acompañan este proceso, será única y exclusivamente responsabilidad de la empresa Cerrejón y del Estado colombiano.

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

Por fin, se empieza a dar cuenta el Gobierno que para despejar las preocupaciones que hoy rodean el presente y el futuro económico del país, es necesario trabajar de la mano con el sector privado, e imprimirle a las propuestas una gran dosis de creatividad, consenso y liderazgo. En esa misma línea, resulta determinante que el ejecutivo se esfuerce por menguar las preocupaciones y tensiones en materia política, económica y tributaria han prosperado de manera contraproducente. En resumen, para salir del atolladero económico se necesita atraer inversiones y generar garantías.

La desconfianza generalizada frente a las políticas económicas del Gobierno y los pasos en falso que se han dado, así como la baja ejecución presupuestal de los ministerios durante el año pasado, y la excesiva burocracia, han ensombrecido el panorama pasándole una alta factura a la dinámica de crecimiento del país. Después de un 2023 en que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 0,6%, menos del 7,3% de 2022, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), el peor desempeño en 20 años sin contar el 2020 de la pandemia, la economía muestra algunas señales de mejoría que hay que seguir consolidando.

Con la baja en las tasas de interés y una inflación que empieza a ceder, se vislumbra un mejor momento económico para este segundo semestre del año, que si bien no será el más sobresaliente, si será determinante para impulsar la economía y su completa recuperación. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció el plan de reactivación económica que tiene el Gobierno, denominado “Sistema Nacional de Competitividad e Innovación”, del que esperamos más allá de su nombre rimbombante, propuestas que contribuyan al mejoramiento de la economía nacional. Estamos atentos a su presentación en el Congreso en este nuevo periodo legislativo, para debatir las propuestas, que según se han mencionado, abordará los sectores industriales, turísticos, de vivienda, energéticos y agropecuarios.

Coincidimos en la urgencia de proteger e incentivar el desarrollo de los sectores que tradicionalmente han sido jalonadores de la economía colombiana, para que de esta manera se empiecen a concretar nuevos planes que fomenten la inversión y la generación de empleo. Ahora que el ejecutivo ha puesto su foco en la agenda económica gubernamental, esperamos que se logre un ambiente de conciliación para que se construyan, en unidad, las políticas económicas que determinarán el futuro del país. A toda costa tenemos que evitar que se le siga restando dinamismo a la economía nacional.

El desafío es retornar a esa economía de reconocimiento mundial por sus indicadores de crecimiento y sostenibilidad. En este sentido, es imperativa la acción del gobierno, conjuntamente con la creación de condiciones que estimulen y protejan la inversión, especialmente con la revisión a fondo de la política y estructura fiscales para acelerar un crecimiento económico con equidad, partiendo de la premisa de que la paz, la economía y lo social van de la mano. Este es el momento de transformar la situación de crisis en economía en una oportunidad para crecer.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar de urgencia y frenó el desembolso de $180.000 millones por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que habían sido ordenados bajo la jurisdicción del exdirector investigado penal y disciplinariamente Olmedo López. El millonario giro iba destinado a Girón (Santander) pero fue detenido por las presuntas irregularidades que fueron descubiertas en el trámite del ordenamiento del gasto.

Las dudas sobre la necesidad e idoneidad del millonario giro, que se supone era para atender desastres, están en las resoluciones 113 y 150 de febrero de este año, firmadas por Olmedo López. Una persona que está negociando con la justicia para obtener beneficios penales y quien ha asegurado públicamente que el dinero de la entidad se malversó durante su gestión. Aunque no ha aportado pruebas, ha dicho que parte de las sumas malversadas se usaron para favorecer los proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso

La solicitud de medida cautelar fue radicada por la misma Ungrd, que ahora es dirigida por Carlos Carrillo. Al expediente allegaron prueba de que las resoluciones firmadas por Olmedo estarían basadas en una falsa motivación. Esto porque en su momento no se acreditó la necesidad de la adjudicación de dicha suma a favor del municipio de Girón. Asimismo, que la ilegalidad sería palpable por la “manipulación de las resoluciones internas para sobreponer intereses particulares”, se lee en el auto del Tribunal.

Para empezar, el Tribunal encontró que, cuando Olmedo estuvo a cargo del proceso, no hizo una correcta publicación de los actos administrativos que lo soportaron jurídicamente. Asimismo, al revisar el contenido de las resoluciones, no se indican con precisión las obras a las cuales estarían destinados los $180.000 millones. Según el expediente, no era clara la manera en que se iba a ayudar a la región de Topocoro en el departamento de Santander o cómo se iba a construir la subestación de bomberos en ese lugar.

“Con respecto a la segunda de las obras aludidas (la subestación de bomberos), no se indica dónde, en relación con qué clase de vulnerabilidad ni a qué tipo de riesgo localizado obedecen las obras planteadas de ‘recuperación y obras complementarias’, expresión demasiado genérica e imprecisa”, se lee en la decisión del Tribunal. Y para rematar, el despacho judicial encontró que, aunque Girón había declarado una calamidad pública un año antes, había fuertes incongruencias entre esa declaratoria y las obras para cuyos fines se había destinado la transferencia aprobada por Olmedo López.

“Se trata de una importante suma ($180.000.000.000), que constituye recursos del patrimonio público para la gestión del riesgo y la atención de desastres, en relación con los cuales no existe claridad acerca de las condiciones de regularidad del procedimiento de expedición del acto, viabilidad técnica de los proyectos y congruencia con los fundamentos de calamidad pública”, concluyó el Tribunal.

Jairo Aguilar Deluque, fue uno de los gobernadores, invitados de forma especial, al acto donde el mandatario del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo un amplio reconocimiento al empresario y banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval, quien tiene sus ojos puestos en el departamento de La Guajira.

Aguilar Deluque dialogó con el empresario acerca de las nuevas inversiones que se tienen proyectadas para el departamento por más de 100 mil millones de pesos en vías para La Guajira, infraestructura educativa, acceso a agua potable y soberanía alimentaria. Asimismo, acordaron trabajar para invertir en la recuperación de obras inconclusas a través del proyecto Misión La Guajira y así poder darles un nuevo significado a esas infraestructuras llamadas “elefantes blancos” que hay en el departamento, como el terminal de transportes del municipio de Uribia.

“También estamos trabajando con la empresa Proindensa del Grupo Aval. Con ellos firmamos un convenio para los estudios previos de la vía que conduce a San Martín, Nazaret, una de las vías más importantes para cerrar brechas de desigualdad en el departamento y no solo estas, sino varias vías que tenemos en La Guajira, todo con el propósito de promover el desarrollo social y económico para cumplirle la palabra al pueblo guajiro”, afirmó Aguilar Deluque.

Con estas acciones, el gobernador demuestra su compromiso por impulsar el desarrollo social y económico del departamento, buscando alianzas estratégicas que permitan materializar proyectos para los guajiros.

Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR- convoca a Fenalco a aportar al debate público sobre los Impuestos Saludables de manera informada y transparente, advierten los juristas que la Sentencia C-435-2023 de la Corte Constitucional de Colombia respalda esta postura, catalogando las bebidas azucaradas ultraprocesadas como productos nocivos para la salud. El Cajar destaca la importancia de los Impuestos Saludables como una herramienta crucial para la protección de la salud pública en Colombia. Datos del Ministerio de Salud indican que en 2022 se registraron 1.599.368 casos de diabetes en el país.

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), rechaza las recientes declaraciones de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que critican la implementación del impuesto saludable a bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados incluido en la reforma tributaria. 

Este tipo de medidas tributarias están respaldadas por evidencia científica, por organismos internacionales de salud y derechos humanos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su aporte a la protección de derechos como la alimentación, la salud y la vida digna. También la Corte Constitucional, mediante sentencia C-435-2023, estableció que las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados son productos nocivos para la salud y por ello, el impuesto es una medida constitucional. 

El pronunciamiento de Fenalco se produce en un momento crítico en el que las políticas de salud pública buscan disminuir el impacto negativo de los productos ultraprocesados en la salud de la población. Según reportó el Ministerio de Salud: “En 2022 se registraron 159.149 casos nuevos de diabetes mellitus; de estos, el 59,15% fueron mujeres, con un promedio de edad de 60 años. De acuerdo con el reporte de la Cuenta de Alto Costo. Además, en total, en el país se reportaron 1.599.368 casos de diabetes, es decir, 3 casos por cada 100 habitantes”. 

Teniendo en cuenta que el exceso de consumo de los productos gravados aumenta las posibilidades de sufrir una enfermedad no transmisible, el impuesto saludable es una herramienta crucial para la protección de la salud pública en Colombia.

En este contexto, el Cajar convoca a Fenalco a aportar al debate público sobre los Impuestos Saludables de manera informada y transparente, con argumentos y evidencias libres de conflictos de interés, para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada, especialmente para la niñez colombiana.

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis exhaustivo de los indicadores del departamento con relación al Índice de Proyectos de Gestión de Regalías (IPGR), el Gobernador (e) Carlos Andrés Duarte, en compañía del Director de Planeación, Deymer Torres, sostuvieron un encuentro con el Subdirector General de Regalías, Jonathan Deluque y la Asesora del área de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Andrea González.

Durante la reunión, se lograron avances significativos en la mejora del IPGR, así como en la planificación de asesorías técnicas destinadas al departamento y las comunidades. Se destacó especialmente el compromiso por parte de todos los presentes en trabajar articuladamente para optimizar la ejecución de estos proyectos y garantizar el impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de La Guajira.

Asimismo, se abordó el Plan de Desarrollo y el capítulo especial de regalías, obteniendo resultados satisfactorios que reflejan una visión clara y alineada hacia el progreso y el bienestar del territorio.

Se mencionó, también, la exploración de la posibilidad de brindar apoyo para la elaboración de proyectos regionales en los municipios PEDET, específicamente en Dibulla , Fonseca y San Juan del Cesar. El objetivo es generar un impacto transformador en áreas estratégicas como transporte, turismo, seguridad, energía y agua, con miras a disminuir las brechas de desigualdad y satisfacer las necesidades básicas insatisfechas en estos municipios.

Este encuentro ha sentado las bases para una colaboración clave entre las entidades involucradas, con un enfoque en el desarrollo sostenible y equitativo del departamento.

Ni el Cerro Pintao, con los afluentes que nacen en la Serranía del Perijá, y demás zonas protegidas, serán afectados por la acción minera que a futuro se proyecta ejecutar en la zona plana del corredor entre Urumita y Barrancas. Todo se hará con base a las licencias que otorguen las autoridades ambientales, la mayoría serán de carácter subterráneas, porque se trabajará con vetas.

En el sur de La Guajira se analiza, con un alto rango de timidez, la posibilidad de no seguir ‘sembrando, malanga, cacao, aguacate, para iniciar una simbiosis pelando el cobre y brillando la plata, metales que se encuentran en largas vetas subterráneas, que vienen explorando expertos geólogos de la multinacional Max Resource Corp, una empresa de capital canadiense, que desde hace cuatro años, investiga el alcance de las existencias de minerales en el denominado ‘Cono Sur’ de La Guajira.

“Apenas estamos en una etapa de exploración, esto es un proceso largo, lento, que contempla muchas rutas, las cuales no tienen periodos específicos, sino que cada una presenta variables que tardaría meses, o años” explicó el Geólogo Marvin Mosquera Palacio, un chocoano con mucha experiencia en estos temas, pero quien guarda prudencia para no generar falsas expectativas entre los habitantes o, antes, por el contrario, provocar un pánico, entre los dueños de la tierra que ancestralmente han venido dedicados a la siembra de alimentos propios de la región.

La empresa exploradora es una compañía canadiense de exploración minera de cobre, plata y sus concentrados, que actualmente cuenta con títulos mineros adjudicados en los municipios de Urumita, Villanueva y Barrancas, con una oficina en la ciudad de Riohacha.

Tres de sus voceros realizaron el primer ciclo de acercamientos con la sociedad riohachera, para lo cual compartieron un desayuno de trabajo con los directores y voceros de los medios de comunicación más representativos del Distrito.

Marvin Mosquera deja en claro, que “serán respetuosos con las zonas reservadas, especialmente con el famoso Cerro Pintao, el único páramo de corte especial que tiene la Serranía del Perijá en el extremo norte de Colombia.

Durante sus largos cuatro años de permanencia en el departamento, Max Resource Corp se ha preocupado por prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales que derivan de sus procesos ,
garantizando su compromiso con el medio ambiente. En igual sentido, nuestra compañía ha sido un socio estratégico de la comunidad que habita la zona de influencia de nuestros títulos, apoyando los planes y proyectos que se han implementado a lo largo del territorio para el mejoramiento sus condiciones de vida.

Desde su llegada la empresa ha venido contribuyendo con algunos procesos en toda la zona donde ellos realizan exploraciones, una de las más frecuentes es la apertura o mejoramientos de vías, por donde están transitando. Hoy la empresa ha donado más de 3.500 árboles frutales a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira y a dueños de predios donde realiza prospección. También ha
fortalecido la educación en su área de influencia a través del mejoramiento de infraestructura de bibliotecas rurales y actividades de aprendizaje lúdico recreativas a los estudiantes