Política

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, emitió dos autos, que sacudieron los cimientos políticos de la población, dejando en segundo plano el día las madres. El pueblo de Urumita, alegre, parrandero y tierras de grandes cantantes, se convirtió en un verdadero hervidero, debido a la ebullición de las temperaturas políticas que desató la determinación del alto tribunal, que suspendió la elección y escogencia por decreto de dos personeros provisionales, para suplir la falta de un titular.

El primer auto fue emanado sobre las tres de la tarde del pasado viernes, en donde las magistradas Carmen Cecilia Plata y María del Pilar Veloza Parra, decretaban la suspensión provisional del acto donde la alcaldesa Mary Luz Corrales, designó al abogado Rafael Eduardo Ramos Herrera, como personero municipal, para suplir la supuesta vacancia que se iniciaba el 1 de marzo del 2024.

Una hora después, el mismo tribunal, admitió en primera instancia la demanda de nulidad presentada por Rosa Ramos Peñate, contra la elección de Carlos Daza Abril, hecha por concejales el pasado 29 de febrero del 2024, a quien se le decretó la suspensión de su elección debido a que no hubo mayorías el día 29 de febrero del 2024, cuando se realizó su elección.

En esos términos, el tribunal dejó sin personero al municipio de Urumita, que durante mes y medio, se dio el lujo de contar con dos funcionarios cumpliendo las mismas labores, a uno de ellos, Rafael Eduardo Ramos Herrera, la alcaldesa le pago sus sueldos, mientras que al elegido por los concejales, hasta el momento no ha percibido salario alguno.

Igualmente, los dos autos dejan en claro, que le corresponderá al concejo municipal de Urumita, hacer todo el proceso de elección del nuevo personero, para que pueda cumplir con su periodo constitucional que se inició el 1 de marzo de 2024, pero además, de elegir a un encargado, mientras dure el proceso de preselección de los aspirantes y luego de la elección.

FALLOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Nuevos actores entrarían a la escena del affaire guajiro, un entramado que ya tiene enredado a altos funcionarios del Estado, a los presidentes del congreso, y mantiene bajo total expectativa al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por el momento aparecen a nivel del congreso los presidentes del senado Iván Name, y el presidente de la cámara, Andres Calles, a quienes se les señala haber recibido millonarias sumas de dinero provenientes de la unidad del riesgo, con los cuales se estaría ‘aceitando’ el paso de la reforma a la salud.

De acuerdo a una información suministrada por la WRadio, ahora aparecen involucrados otros actores oriundos del departamento de La Guajira. La noticia difundida por la cadena radial explica lo siguiente:

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tendría en el radar a un tercer miembro del congreso señalado por Sneyder Pinilla, por el escándalo de los 40 carrotanques en La Guajira. La W conoció que, al parecer, será vinculado el representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto.

Gómez Soto haría parte de la matriz aportada por Sneyder Pinilla en la Fiscalía como uno de los 15 congresistas que participaron activamente en el entramado de los carrotanques, denuncia revelada por Sigue La W en la que ilustró un roscograma, con el que afirma que Juan Loreto Gómez, como fórmula del senador Carlos Trujillo, fue prácticamente una de las fichas favorecidas por Olmedo López.

Según Sigue La W, son tres clanes políticos, el de Luis Gómez Pimienta, político del Pacto Histórico, en donde también estaría el secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, hijo de la alcaldesa de Villanueva Cielo Peñalosa.

La Corte Suprema recientemente tomó la decisión tras varias de las declaraciones del exfuncionario de la UNGRD, en las que aseguró que Iván Name y Andrés Calle recibieron presuntamente dineros de hasta 4.000 millones del negocio para promover varias reformas del Gobierno, por lo que el alto tribunal abrió una indagación previa.

La W también estableció que Juan Loreto Gómez, hijo de la excongresista María Cristina Soto, acusada por la Corte Suprema por presunta compra de votos, tiene otros dos procesos en curso en el alto tribunal, uno por la investigación que cursa en contra de su mamá, y otro por cambiar votos, por lotes, en Uribia, en las pasadas elecciones de 2022.

Lo dijo la senadora Marta Peralta, durante su intervención de la plenaria del congreso: “Esta es la orden de servicio para las ollas comunitarias en La Guajira firmada en 2023, dónde claramente dice que LA ALCALDÍA DE ALBANIA NO RECIBIÓ UN SOLO PESO PARA EL PROGRAMA DE OLLAS COMUNITARIAS, ÓIGASE BIEN, NI UN SOLO CENTAVO. Miren esto, de 170 ollas comunitarias que se instalaron en La Guajira con esta orden de servicios, solo 2, fueron para Albania y, no fueron contratadas con la Alcaldía, acá tengo la prueba en mis manos. Imagínense, solo 2 ollas comunitarias llegaron a Albania y no por medio de la Alcaldía ni de la Alcaldesa.

Eso es cierto, para esa época el alcalde era Néstor Sáenz, quien en su momento había advertido precisamente eso, que los recursos para ollas, rondaban, pero no manejados por el sector institucional.

@RoblesNera Una orden de servicio firmada en 2023 dónde no se había terminado el mandato de CAMBIO RADICAL que llevaba gobernado más de 20 años en Albania y que la saquearon completamente, Demuestro acá que todo fue producto de un montaje contra mí por apoyar las reformas del cambio. Hago un llamado a los medios de comunicación, a qué sean rigurosos, a qué investiguen, a que no señalen sin investigación. Lo que no soportan es ver a una mujer Wayúu Alcaldesa, profesora, honesta y que ha venido denunciando la corrupción de Cambio Radical en La Guajira, eso es lo que le quieren cobrar, que perdieron el poder allí, hoy queda demostrado con esta prueba que todo fue montaje y mentiras de la oposición.

La Corte Constitucional de Colombia, tras largas horas de discusiones en Sala Plena, determinó que el Congreso de la República, deberá rehacer el proceso de elección de Contralor General, luego de dejar en firme la nulidad del Consejo de Estado contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtiendo que deberá partir de la lista de los 10 elegibles, en donde el mismo Rodríguez podría aspirar.

Con este fallo la Corte Constitucional quiere amparar el debido proceso para el elegido contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien presentó una tutela contra el fallo del Consejo de Estado que, en mayo de 2023, anuló su elección como Contralor General de la República, al considerar que en esa decisión se vulneraron varios de sus derechos.

En consecuencia, los congresistas tendrán que llamar a participar del concurso a Elsa González, María Fernanda Rangel, Diana Torres, Mónica Certaín, Andrés Castro, Víctor Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Luis Fernando Bueno y Luis Carlos Pineda y al mismo Carlos Hernán Rodríguez.

FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos para decidir decretada mediante Auto del 31 de enero de 2024.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de tutela del 5 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo, y, en su lugar, AMPARAR parcialmente el derecho fundamental al debido proceso del accionante por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO. CONFIRMAR el resolutivo primero de la sentencia del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2023 en cuanto decretó la nulidad de la elección del doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República

CUARTO. MODIFICAR el resolutivo segundo de la sentencia del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2023, y en su lugar, ORDENAR al Congreso de la República rehacer, a la mayor brevedad posible, el proceso de elección del Contralor General de la República a partir de la elaboración de la lista de diez elegibles teniendo en cuenta: i) el listado de veinte habilitados entregado al Congreso de la República por la Universidad Industrial de Santander el 14 marzo de 2022; ii) las reglas de la convocatoria, en particular, los criterios de paridad de género y de mérito, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO. LEVANTAR la MEDIDA PROVISIONAL decretada mediante Auto del 6 de marzo de 2024, en la que se ordenó al Congreso de la República suspender el proceso de elección del contralor general de la República.

SEXTO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional notificar la presente providencia a las partes.

El médico Carlos Acosta Medina, se convirtió en el segundo funcionario en renunciar a sus cargos por falta de condiciones para poder cumplir con sus labores.

Inicialmente, había renunciado Sandra Ospino, secretaria de educación, quien además de tener problemas familiares con la salud de su padre, también tenía una presión generada por una cadena de protestas de sectores etnoeducativos.

Acosta Medina es un destacado galeno oriundo de Monguí, hermano del exsenador Amilcar Acosta Medina, quien casualmente, en las últimas horas, también presentó su renuncia como director de la Región Caribe.

Aunque el médico no ha entregado declaraciones, se ha podido conocer, que no se encontraba a gusto en el cargo, debido a que no existían las condiciones para desarrollar una buena labor en beneficio de la comunidad riohachera.

Parece que el exfuncionario comentó off de récords, que la cosa no pintaba bien y prefirió dar un paso al costado, debido a incumplimientos, libre locomoción. falta de libertad en temas de decisiones, las cuales, al parecer, las asumían de otra forma.

Se ha conocido que otros funcionarios tienen listas sus cartas de renuncias de los cargos.

A Oneida Rayed Pinto Pérez, la exalcaldesa y exgobernadora de La Guajira, la misma que inició el proceso de transformación de un villorrio conocido a comienzos de los 90 como Calabacitos, acaba de recibir una nueva sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación, en esta oportunidad por irregularidades en la adjudicación de un contrato para la implementación de tecnologías de información y comunicaciones en los colegios públicos del departamento, suscrito por un valor total superior a los $20.000 millones de pesos.

‘One’ como la conocen en su tierra, no vive los mejores momentos de su vida. Hace unos días se enfrentó a un grupo de habitantes, que hace años recibieron de ella, unos lotes para que levantaran sus pequeñas viviendas. Ahora, la exgobernadora, quiere sacar a las familias para que en esos predios se construya una clínica particular.

En octubre pasado, perdió las elecciones a la alcaldía de Albania, en un debate traumático para ella, donde, su nombre había sido cuestionado porque supuestamente estaba inhabilitada para poder aspirar. La condenada política intentó durante las pasadas elecciones regionales llegar a la alcaldía de Albania, que fue uno de sus primeros peldaños para llegar a la Gobernación de La Guajira. Además, Pinto es investigada por la Fiscalía por las posibles irregularidades en varios contratos de salud y de obras para los años 2010 y 2011 en este mismo municipio.

“Una persona de reconocida credibilidad se me acercó para decirme, que había personas que se sentían afectadas por las denuncias sobre la compra de los carrotanques, que me cuidara, ellos no se van a quedar quietos”. En esos términos, y ante el congreso de la república, el senador Alfredo Deluque Zuleta, denunció las amenazas que se ciernen sobre él y sobre su familia, pero advirtió que seguirá hablando, no solo lo que ha ocurrido en La Guajira, también en otras regiones del país.

No me van a callar

“Mis denuncias y pronunciamientos por los hechos de corrupción alrededor de los carrotanques en La Guajira tienen incómodos a los responsables, cobardes, me mandan mensajes para que “me cuide”, que no se iban a quedar quietos. Hago un llamado a la @UNPColombia y dejo constancia de esta situación que amenaza mi seguridad y la de mi familia, pero les reitero: no me van a callar.

TOMADO DE INFOBAE

La Sección Quinta del Consejo de Estado adelantó, el jueves siete de marzo de 2024, la decisión de que anuló la personería jurídica del partido Fuerza Ciudadana, cuyo líder es Carlos Caicedo, exprecandidato presidencial, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, debido a una serie de inconsistencias en lo que sería el acto en el que se reconoció ese derecho. Este es un duro revés para el político de 58 años.

Según pudo comprobar Infobae Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE), al parecer, utilizó una falsa motivación en el acto que le entregó la personería a esta representatividad. La determinación fue oficializada a las 5:44 p. m., según se leyó en el expediente, luego de que se revelara esta noticia que causará un remezón político no solo a nivel local, sino de injerencia nacional.

A esto se sumaría, según el citado medio radial, que se habrían vulnerado normas en relación con las coaliciones que llevó a cabo este grupo político, que son única y exclusivamente para partidos y movimientos con personería jurídica. En otras palabras, el tribunal determinó que la nulidad tendrá efectos “hacia el futuro”, por lo que queda en firme a través de la presente sentencia.

Carlos Caicedo presentó su renuncia como gobernador del Magdalena ante el presidente Gustavo Petro el 11 de octubre del 2023 – crédito Colprensa

La decisión de dejar sin marco legal a Fuerza Ciudadana se registró tras la demanda presentada por la abogada Ximena Echavarría Cardona, que pidió con la acción presentada el 12 de julio de 2023 anular la resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022 del CNE, con la que se le entregó al movimiento personería jurídica. Según el fallo, “no era permitido que, como grupo significativo de ciudadanos, se hubiera hecho coalición al Pacto Histórico”.

Te puede interesar:Consejo de Estado anuló la elección de María José Pizarro como vicepresidenta del Senado: Petro respondió

“Declarar la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana y ordenó su inscripción en el registro correspondiente”, se leyó en la sentencia, firmada por los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Ómar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil.

Caicedo, de esta forma, afronta un nuevo proceso en contra de su colectividad, que viene de sufrir la pérdida de la Alcaldía de Santa Marta, luego de que el Tribunal Superior del Magdalena anulara la candidatura de Jorge Agudelo: el escogido para reemplazar a su hermana, Patricia Caicedo, de cara a los comicios efectuados el 29 de octubre de 2023, en los que según recuento de la Registraduría ganó por estrecho margen.

Lo anterior, pese a que en las elecciones a la Gobernación su candidato, Rafael Martínez, logró imponerse en la contienda y continuar con su labor. Caicedo, cabe destacar, renunció el 12 octubre de 2023 a continuar como mandatario regional, pues se lanzó a la arena política en pro de darle un impulso a sus aspirantes, y medir su impacto de cara a una eventual candidatura para la presidencia en 2026.

De hecho, el propio Caicedo celebraba el 5 de marzo una determinación de este alto tribunal, en el que se ratificaba, por segunda vez, la escogencia de Martínez para ocupar el cargo, que va hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero luego de conocerse este fallo aún no se ha registrado una reacción de este personaje, que en su trayectoria también fue rector de la Universidad del Magdalena.

“Una vez más, el Consejo de Estado evita que los cárteles narcos corruptos tradicionales del Magdalena interrumpan la legítima elección de un gobierno popular y democrático en el Caribe. No conformes con el evidente acto de ilegalidad con el que se hicieron a la Alcaldía de Santa Marta, también pretendían sacar del cargo al gobernador electo por Fuerza Ciudadana”, manifestaba el líder político.