Después de comer, varios menores de edad, sufrieron fuertes dolores estomacales. Uno de ellos se revolcó sobre la tierra y el otro en uno de los andenes peatonales de la Casa Indígena, de Riohacha en donde se encuentran refugiados desde el pasado 5 de febrero, cuando huyeron desde la Alta Guajira, para proteger sus vidas, después del ataque armado que sufrió su pequeña ranchería en donde murieron una mujer, dejando a varias personas gravemente herida.
De los menores afectados por problemas gastrointestinales, poco se sabe. Dice la ONG Nación Wayuu, que los llevaron a clínicas de la ciudad de Riohacha. Sobre el tema, el secretario de gobierno departamental Alberto Cuan, expresó que efectivamente sufrieron alguna afectación, pero garantizó que se les viene brindando atención médica.
Los cuatro niños afectados, prácticamente fueron el detonante para volver los ojos hacia esa pequeña población desplazada que deambulan por Riohacha, Uribia y Maicao, solicitando ayuda Estatal, no solo para alimentarse, sino para que se les garantice su seguridad.
En la Alta Guajira en estos momentos existe una guerra entre clanes, que se pelean la tenencia de la tierra, hecho que muy poco ocurría, antes de la llegada de las empresas que hacen montajes de plantas de energías alternativas, eólicas o solares.
En estos momentos existen cuatro focos de desplazamientos de familias que salen de su territorio dejando a sus animales y pequeños ranchos para proteger sus vidas. El más reciente fue el ocurrido en la zonas aledañas al Cerro de la Teta, en donde hombres armados llegaron a quemar los ranchos y dieron muerte a un líder anciano, hirieron a otras personas y forzaron el desplazamiento de varias familias, entre las que se encuentran 23 menores de edad, quienes se encuentran en la total indigencia deambulando en busca de comida, por las calles de Riohacha.
La ONG Nación wayuu, expidió un comunicado, pero su director José Silva, entregó declaraciones al Noticiero Cardenal de La Guajira, en donde denuncia la situación que viven las familias desplazadas.
https://fb.watch/j0oXlj03xu/?mibextid=2Rb1fB
DENUNCIA PÚBLICA
El cinco de Febrero del presente año, siete familias indígenas wayuu, conformadas por mujeres, niños y ancianos, llegaron hasta la ciudad de Riohacha en calidad de desplazados, ya que según sus versiones habrían sido sacados violentamente de sus territorios ancestrales, en donde habrían asesinado a una mujer wayuu y otras habrían quedado lesionadas, así mismo sus viviendas habrían sido incineradas.
Estas siete familias llegaron hasta la Gobernación de la Guajira en busca de ayuda y protección, puesto que en el municipio de Uribia les habrían negado esa posibilidad. La respuesta y solución que les dieron en la Gobernación de la Guajira fueron pocas, más, sin embargo, solo atinaron a ubicarlos en la casa indígena del Distrito de Riohacha, en donde se encuentran durmiendo a la intemperie y con poco alimento que consumir.
De acuerdo a las denuncias presentadas y radicadas ante la fiscalía general de la Nación y demás instituciones estatales garantes de los derechos humanos, habrían sido sacados violentamente de sus territorios ancestrales por otro grupo de familias wayuu, bajo la determinación de la empresa Enel Green Power a quien denuncian y sindican de propiciar estos escenarios violatorios a los Derechos Humanos.
El acompañamiento y la solidaridad que ha tenido la institucionalidad con estas familias indígenas wayuu, desplazadas violentamente de sus territorios ha sido nula, no se ha activado ninguna ruta de atención para estas familias, antes por el contrario, como ONG de Derechos Humanos, pudimos detectar que lo que existe es una posible persecución y censura en contra de estas familias wayuu, pues así lo dejo entrever un funcionario de la Gobernación, quien se presentara el día de hoy (28 de Febrero) en horas de la tarde en compañía de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en momentos en que estábamos auxiliando a varios de los niños desplazados que estaban presentando un cuadro de vomito y diarrea. La actitud del señor funcionario de la Gobernación, quien fue identificado como el Secretario de Gobierno y de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fue una actitud grosera y humillante en contra de estas familias wayuu, que hoy son víctimas de la violencia interna en el marco de la transición energética que promete desarrollo y luz para el mundo a costa de la vida y honra de los dueños ancestrales de los territorios.
Como ONG de Derechos Humanos, hacemos un llamado a la institucionalidad, sobre todo a la Defensoría del pueblo para que garanticen, defiendan y protejan los Derechos de estas familias sacadas violentamente de sus territorios ancestrales.