En las puertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Riohacha no quedó solo el eco de los reclamos. Quedaron las huellas invisibles de las lágrimas, el desespero y la angustia de decenas de contratistas que vieron cómo sus proyectos para la atención de la niñez guajira quedaron por fuera del SECOP, cerrados al cumplirse los tiempos de noma, sin que pudieran ingresar la totalidad de los contratos para garantizar a la niñez guajira, una atención efeciente y oportuna durante el 2026-
La escena se repitió durante horas: representantes de asociaciones comunitarias, operadores de programas infantiles y líderes indígenas caminando de un lado a otro, con carpetas bajo el brazo y teléfonos en la mano, intentando lo imposible. El plazo había vencido. Sus propuestas no estaban cargadas en la plataforma. Sus contratos no existían. Y con ellos, quedaban en el aire los programas de alimentación, cuidado y atención a cientos de niños y niñas, muchos de ellos pertenecientes a comunidades wayuu.
Un cierre anunciado
No fue una sorpresa total. El Pulso Caribe había advertido días antes del cierre de la línea del SECOP sobre las tensiones internas en la Dirección Regional del ICBF en La Guajira y el cambio intempestivo de la directora encargada, en medio de un proceso contractual ya marcado por retrasos, fallas técnicas y denuncias soterradas.
Veinticuatro horas después del cierre, comenzaron a conocerse los testimonios más graves: funcionarios de la entidad, presuntamente vinculados a la dirección regional, habrían actuado como tramitadores, ofreciendo “ayuda” para ingresar propuestas a tiempo a cambio de un pago del 5 % del valor del contrato. Un tributo informal, ilegal, que —según los denunciantes— se convirtió en la llave de acceso al sistema.
El torbellino de denuncias
Hoy, sobre la regional Guajira del ICBF ronda un torbellino de quejas, denuncias penales anunciadas y solicitudes de investigación ante los organismos de control. Los contratistas afectados hablan de un proceso “torpedeado”, diseñado no para garantizar transparencia, sino para forzar pagos bajo presión del tiempo y la necesidad.
El resultado inmediato es devastador: comunidades enteras sin atención. Resguardos indígenas donde los programas de primera infancia simplemente no arrancaron. Madres comunitarias sin claridad sobre su continuidad laboral. Niños y niñas sin alimentación ni espacios de cuidado en uno de los departamentos más vulnerables del país.
Retrasos que ya venían golpeando
Lo ocurrido con el SECOP no es un hecho aislado. En los últimos meses, las alertas sobre retrasos en la contratación del ICBF en La Guajira se habían multiplicado. En municipios como Fonseca, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) no abrieron a tiempo al inicio del año, dejando durante semanas sin servicio a cientos de niños.
La incertidumbre se apoderó de las familias y de las madres comunitarias, mientras los trámites se estancaban entre nuevos requisitos, documentos devueltos y decisiones tomadas lejos del territorio.
Lo que dice el ICBF
La directora nacional del ICBF, Astrid Cáceres, reconoció públicamente irregularidades en los procesos de contratación en La Guajira. Según explicó, la centralización de la contratación en Bogotá —antes en manos de las regionales— y la exigencia de nuevos requisitos generaron retrasos significativos en la puesta en marcha de los programas.
La entidad también admitió la existencia de denuncias y documentos irregulares, lo que motivó una intervención regional. Para mediados de febrero de 2024, el ICBF aseguró que todos los programas debían estar en funcionamiento. Sin embargo, los hechos recientes contradicen ese optimismo institucional.
La lupa de los organismos de control
La Procuraduría General de la Nación y otros entes de control han seguido con preocupación la lentitud y las fallas en la contratación, especialmente en municipios con alta población indígena como Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao.
El llamado ha sido claro: agilizar los procesos para no poner en riesgo los derechos de más de cien mil niñas y niños indígenas. Pero en La Guajira, los llamados suelen llegar tarde y las consecuencias siempre recaen sobre los mismos.
Un pasado que no se ha ido
Las irregularidades tampoco son nuevas. Investigaciones previas del propio ICBF documentaron anomalías en al menos 220 contratos en La Guajira, con operadores que incumplían obligaciones básicas de atención infantil. Auditorías, revisiones internas y fiscalizaciones han marcado la historia reciente de la entidad en el departamento, sin que los vicios estructurales desaparezcan.
Las lágrimas que importan
Mientras se anuncian investigaciones y se cruzan comunicados oficiales, en las puertas del ICBF de Riohacha solo quedan las lágrimas de quienes no lograron entrar al SECOP y la angustia de las comunidades que saben lo que eso significa.
Porque en La Guajira, cuando un contrato no se firma, no es un trámite el que se cae.
Es un plato de comida que no llega.
Es un niño que se queda sin cuidado.
Es una deuda más con una niñez a la que el Estado sigue fallándole.