Tomado de: Revista Semana
Hay preocupación e indignación entre los habitantes del departamento del Chocó por el regreso a la fuerza a la Gobernación de Ariel Palacios, quien actualmente enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la celebración de un contrato de 220 millones de pesos para la compra de elementos de bioseguridad para apaciguar la crisis generada por el covid-19.
Palacio fue señalado por la Fiscalía General de entregar directamente el contrato a un empresario, quien participó activamente en su campaña, pese a que no contaba con la experticia para el suministro de este tipo de elementos de protección.
Por estos hechos de corrupción, el 22 de marzo de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior lo cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria y, además, ordenó la suspensión de su cargo con el fin de proteger los recursos del departamento, uno de los más pobres y donde reina la desigualdad.
Sin embargo, el pasado 22 de febrero, el mismo Tribunal ordenó su libertad por vencimiento de términos, es decir, se superaron los tiempos que fija la ley para el inicio del juicio por los delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. Con la emisión de ese fallo empezaron las dudas. ¿Palacios podría volver al cargo?
Palacios, según denunciaron, quería volver al cargo a como diera lugar, por lo que empezó una batalla jurídica para sacar de la Gobernación a Farlin Perea Rentería, quien fue designada como encargada por medio del decreto 1577 del 5 de agosto de 2022.
En abril pasado, se radicó una tutela de Palacios reclamando la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y ejercicio de sus derechos políticos a elegir y ser elegido. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta y rechazó los argumentos de la acción judicial y negó el amparo constitucional.
Lo mismo ocurrió con la respuesta del Ministerio del Interior, que dejó en claro que los fallos judiciales advertían que la decisión judicial solamente hacía mención a la libertad y no al reintegro. “El referido decreto (por medio del cual se designó una mandataria encargada) continúa vigente”.
La toma de la Gobernación
Con este panorama en contra, se fue hasta una Notaría para que lo posesionaran. Tras la negativa, se contactó con la gobernadora encargada para fijar una reunión y hablar del tema. Sin embargo, debido a que la mandataria encargada no lo pudo atender porque estaba atendiendo una emergencia aprovechó la situación para ingresar por la fuerza junto a sus colaboradores de confianza y exfuncionarios a la sede de la Gobernación en Quibdó.
“Se tomó por vías de hecho la Gobernación y está despachando, ejerciendo funciones de Gobernador”, explicó la gobernadora encargada en entrevista con SEMANA. “Yo no pude volver a ingresar a la Gobernación, todas las cosas de mi equipo se quedaron allá, no pudimos ingresar para nada”.
Explicó que, con cerrajero en mano, Palacios cambió todas las chapas, impidiendo así que alguien ajeno a él y su equipo volviera a ingresar. “Se queda allá y declara insubsistente a todo el gabinete”. La mandataria encargada advierte que el vacío jurídico, motivado por una respuesta del Ministerio del Interior, afectó la situación.
Hay un limbo jurídico, se tomó las vías de hecho, porque el Ministerio no fue claro, va con un cerrajero, cambian las chapas para poder ingresar, entran y se queda allá, declara insubsistente todo el gabinete”. Este “limbo jurídico” le permitió tomarse las vías de hecho “porque el Ministerio no fue claro”.
Los chocoanos aseguran que esto podría marcar las elecciones de un departamento que ha estado rodeado por la crisis, no por nada han tenido 13 gobernadores en 14 años. Los ánimos en el departamento están “caldeados”.