El Consejo de Estado emitió este viernes una decisión que ha sacudido el debate económico nacional: suspendió provisionalmente el decreto presidencial que fijaba un aumento del salario mínimo para 2026 de más del 23 %.
La medida —que muchos han descrito mediáticamente como “la caída del salario mínimo” aunque en realidad es una suspensión legal del aumento decretado— se tomó luego de que diversas organizaciones, sindicatos y gremios presentaran casi 30 demandas de nulidad ante la alta corte por supuestas fallas en la fundamentación técnica y legal del incremento salarial.
¿Qué pasó exactamente?
- El gobierno había fijado el salario mínimo para 2026 en un incremento histórico de casi 23,7 %, lo que habría elevado el valor mensual a cerca de $1,75 millones de pesos (más el auxilio de transporte), un nivel récord en Colombia.
- Esa decisión fue tomada a finales de diciembre de 2025 por el presidente, sin consenso en la negociación tripartita normal (gobierno, trabajadores y empresarios).
- Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el decreto excedió las competencias del Ejecutivo al no aplicar correctamente criterios que exige la ley (como inflación, productividad y otros factores técnicos).
- Por eso ordenó que se expida un nuevo decreto en ocho días que respete los parámetros constitucionales y legales, y que el actual aumento quede suspendido temporalmente hasta que esto ocurra.
🧠 ¿Qué efectos tiene esta suspensión?
Salario mínimo vigente: El incremento que fue suspendido aún no entra en vigencia oficialmente, por tanto sigue vigente la cifra anterior hasta que se expida una nueva norma conforme a la ley.
Incertidumbre económica: Esta decisión judicial genera dudas entre trabajadores, empleadores y analistas sobre el impacto real de aumentar el salario en un contexto de inflación, costos y empleo.
Reacciones políticas y sociales: Sectores del gobierno y sindicatos han criticado la suspensión y advierten que podría afectar la percepción del poder adquisitivo de millones de colombianos, mientras que algunos actores empresariales consideran que el decreto original era excesivo y ponía presión sobre pequeñas y medianas empresas.
Contexto legal: Este caso recuerda una decisión judicial anterior que anuló un aumento importante de salario mínimo de 2016 por similares razones de procedimiento.
Debate sobre empleo: Organizaciones como Fedesarrollo y gremios empresariales han advertido antes del riesgo de que aumentos grandes del salario mínimo sin respaldo en productividad puedan traducirse en pérdida de empleos formales o aceleración de informalidad, aunque el tema es objeto de debate.
¿Qué viene ahora?
El Gobierno tiene un plazo para presentar un nuevo decreto que cumpla con los criterios legales para determinar el salario mínimo, tomando en cuenta factores como inflación, crecimiento económico y productividad.
Este nuevo decreto será un paso clave para definir si el salario mínimo finalmente se mantiene alto, se reduce con respecto a lo propuesto originalmente o se ajusta de otra forma técnica en el contexto legal.
