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Genaro Redondo
José Ramiro Bermúdez
Alexa Hemriquez
Julio Vega
Keyder Freyle
Jaime Bruges Moreno

10 años después de su terminación, el acueducto de Riohacha sigue dando ‘lata’, pero no precisamente de agua, sino de las ‘entramadas’ y enredos que dejó su ejecución que obligaron a los entes de control, a iniciar una rigurosa investigación, que con el paso del tiempo involucra a nuevos actores debido a que los compromisos contraidos por los funcionarios, al parecer no se cumplen generando daños economicos que superan más de 12 mi millones de pesos.

La Contraloría General de la república, acaba de expedir la Resolución 00141, en donde encontró daños calificados como ‘Culpa Grave’, que involucran al alcalde actual de Riohacha, Genaro Redondo Choles, a los exalcalde, José Ramiro Bermúdez Cotes y Alexa Henriquez, además de los funcionarios y exfuncionarios, Julio Vega, Keider Freyde Sarmiento y Jaime Bruges Moreno.

En el mismo documento, se ordena el archivo de las investigaciones contra la exalcaldesa Isseth Tatiana Barros Brito, y los exsecretarios Manuel Torres Brito y Miguel Pitre Ruiz, quienes hacian parte del proceso investigativo, ya que en su momento intervinieron en los procesos de ejecución y complementación de construcción el acueducto de Camarones, en donde sus habitantes, reciben a medias los beneficios de la millonaria inversión.

“No es justo” alcalde Genaro Redondo

Para el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, “no es justa la sanción en su contra, porque en no participó en los proceso de constratació, ejecución, y acuerdos complementarios con la empresa Aqualia, quien finalmente, se comprometió a operar el suministro del preciado líquido”,

El funcionario reveló que aprovechará su visita a Bogotá para presentarse ante la CGR, para explicar su participación en ese proceso, que viene desde hace 10 años.

El Auto 2074 mediante el cual se imputa la responsabilidad fiscal, al alcalde, dos de sus antecesores, y tres funcionarios de las anteriores administraciones, y se ordena el archivo de otros servidores públicas, empresas contratistas y aseguradoras, consta de 147 folios, en donde explica cada uno de los argumentos que se tuvieron en cuenta para aplicar las resoectvas sanciones.

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