La situación judicial de la senadora guajira Martha Isabel Peralta Epieyú continúa complicándose en medio de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este sábado 20 de junio, el Juzgado Veintiuno de Familia de Bogotá negó la acción constitucional promovida por la congresista, mediante la cual buscaba revertir la decisión que previamente había rechazado el habeas corpus solicitado para recuperar su libertad.

La decisión fue adoptada por la jueza Sandra Isabel Bernal, quien analizó los argumentos presentados por la defensa de la senadora, actualmente privada de la libertad en su residencia por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con el documento judicial, Peralta alegó que la medida que restringe su libertad carecía de sustento legal y que no existían elementos objetivos que justificaran una eventual fuga o incumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad judicial. Además, sostuvo que la decisión adoptada por la magistrada instructora presentaba supuestas irregularidades relacionadas con la valoración de pruebas y con el procedimiento utilizado para ordenar su conducción y permanencia bajo custodia.

La congresista argumentó que había comparecido voluntariamente ante la justicia y que, por lo tanto, la privación de la libertad resultaba desproporcionada. Con base en esos planteamientos solicitó que se ordenara su libertad inmediata mediante el mecanismo constitucional del habeas corpus.

Sin embargo, la autoridad judicial concluyó que no se configuraba una vulneración al derecho fundamental a la libertad que hiciera procedente la acción invocada, por lo que resolvió negar las pretensiones de la parlamentaria.

La controversia se originó luego de que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, ordenara una medida de detención preventiva y temporal para garantizar la continuidad de las diligencias de indagatoria. Según se ha conocido, la decisión se produjo después de que la senadora solicitara en dos oportunidades el aplazamiento de su comparecencia ante el alto tribunal.

La medida de privación de la libertad fue fijada inicialmente hasta el próximo 22 de junio, fecha en la que deberá definirse la continuidad del proceso y las actuaciones judiciales posteriores.

El caso de Martha Peralta se ha convertido en uno de los episodios más relevantes dentro de las investigaciones derivadas del escándalo de la UNGRD, considerado uno de los mayores casos de presunta corrupción que ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras la defensa insiste en que se trata de una actuación desproporcionada y con motivaciones políticas, la Corte Suprema sostiene que las medidas adoptadas buscan garantizar el normal desarrollo de la investigación y el cumplimiento de las diligencias judiciales programadas.