En el kilómetro más vigilado de la carretera entre Hatonuevo y Cuestecitas, a la altura del sector conocido como La Crítica, comenzó el operativo que terminaría convertido en noticia nacional. Eran 145 millones de pesos en efectivo, transportados en una grúa que llevaba encima un automóvil particular. La sospecha inicial: que el dinero tenía como destino actividades proselitistas en Maicao, en plena efervescencia preelectoral en La Guajira.
La escena fue amplificada por videos que circularon rápidamente en redes sociales. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un procedimiento de tránsito para convertirse en un escándalo político que salpicó nombres de alto perfil, entre ellos el del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza. Pero la historia dio un giro inesperado en la madrugada.
La audiencia que cambió el rumbo
En el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Hatonuevo, la jueza Yesica Galvis Baldovino declaró ilegal la captura de los dos conductores detenidos y ordenó la devolución del dinero y de los vehículos incautados. La Fiscalía había sustentado inicialmente la retención bajo la presunta omisión de información sobre transacciones en efectivo, pero en audiencia se habló de lavado de activos.
Allí, la defensa —integrada por reconocidos penalistas— centró sus argumentos en las fallas del procedimiento.
En entrevista al notiviero Cardenal de la 91.7 de Riohacha, el abogado Iván Fuentes explicó que el sistema penal colombiano es garantista y que, tras revisar la actuación policial y fiscal, se evidenciaron irregularidades. Según su intervención, la Fiscalía no logró demostrar que el dinero proviniera de una actividad ilícita ni que existieran elementos suficientes para configurar el delito de lavado de activos. Además, cuestionó el manejo de los tiempos: la audiencia se inició pasadas las 32 horas de la captura, “rayando el término máximo”, lo que —a su juicio— comprometía las garantías constitucionales de los detenidos.
Fuentes también fue enfático en que la responsabilidad penal es individual y que, hasta ahora, no se ha probado que el dinero tuviera como destino la compra de votos.
La libertad de los capturados se produjo esa misma noche. La devolución material del dinero y los vehículos quedó para las primeras horas del día siguiente.
El comunicado que marcó distancia
En paralelo, Jaime Luis Lacouture Peñaloza emitió un comunicado público en el que sostuvo que no se movilizaba en el vehículo implicado ni participó en los hechos conocidos. Subrayó que un juez de la República declaró ilegal la captura y ordenó la devolución del dinero y los automotores.
Rechazó los señalamientos que lo vincularon en redes sociales con delitos electorales y pidió que cualquier irregularidad sea investigada y aclarada por las autoridades competentes. En su pronunciamiento, insistió en que las insinuaciones en su contra quedaron desvirtuadas con la decisión judicial.
La Policía y la lupa sobre el procedimiento
Desde la Policía de Tránsito en La Guajira se ha sostenido que el operativo respondió a labores de control rutinario y verificación de documentos. No obstante, la defensa cuestionó la divulgación de imágenes del procedimiento antes de la audiencia de legalización, señalando posibles implicaciones disciplinarias por la exposición mediática del caso.
El trasfondo no es menor. En un departamento históricamente marcado por denuncias de trashumancia y compra de votos, la sola mención de grandes sumas de dinero en efectivo activa todas las alarmas. Más aún cuando, según versiones iniciales, parte del efectivo estaría distribuido en paquetes con anotaciones, un aspecto que —de acuerdo con la defensa— aún debe ser probado dentro de una investigación formal.
Entre la sospecha y la legalidad
El caso de los 145 millones deja varias capas de lectura: la tensión entre la acción preventiva de la autoridad y el respeto a las garantías procesales; el impacto mediático que precede a las decisiones judiciales; y el inevitable contexto electoral que convierte cualquier incautación en pólvora política.
Por ahora, la decisión judicial es clara: captura ilegal, libertad inmediata y devolución de bienes. La Fiscalía podrá continuar investigando, pero deberá hacerlo —como advirtió la defensa— dentro de los márgenes constitucionales.
En las carreteras de Hatonuevo ya no hay retenes extraordinarios ni cámaras grabando fajos de billetes. Pero en el ambiente político de La Guajira el episodio sigue resonando. Porque en tiempos electorales, el dinero no solo pesa por su valor: pesa por lo que simboliza.
