El sonido seco de las cajas siendo cerradas rompió la rutina en el centro de Valledupar. Funcionarios judiciales entraban y salían de la sede del Fondo Mixto mientras cargaban equipos de cómputo, discos duros y voluminosos folios de contratación. Afuera, la noticia corría con rapidez: los allanamientos en el Cesar y La Guajira habían comenzado.
La diligencia busca recolectar pruebas sobre el manejo de contratos financiados con recursos de regalías destinados al posconflicto, dineros que debían cerrar brechas históricas en los territorios más golpeados por la guerra. En cambio, hoy son objeto de sospecha.
En este complejo entramado vuelve a aparecer el nombre del representante a la Cámara Alfredo Cuello, conocido políticamente como “Ape” Cuello, del Partido Conservador Colombiano. El congresista ha sido mencionado en diversas investigaciones relacionadas con el presunto direccionamiento de proyectos en los OCAD Paz, los órganos encargados de viabilizar y priorizar iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías para municipios PDET.
Las autoridades intentan establecer si el Fondo Mixto habría operado como una especie de “caja menor” para financiar campañas políticas y favorecer a contratistas específicos cercanos al exalcalde Zuleta, cuyo grupo político ha tenido influencia en la región. Los investigadores analizan si hubo sobrecostos, contratos direccionados o intermediación indebida en la asignación de proyectos.
El caso no solo tiene implicaciones penales, sino también simbólicas. Los recursos investigados estaban destinados a infraestructura básica, vías terciarias, acueductos y proyectos productivos en municipios que durante décadas fueron epicentro del conflicto armado. Cada peso cuestionado representa una escuela que no se terminó, una carretera inconclusa o una oportunidad perdida para comunidades rurales.
Desde el Gobierno Nacional, la Secretaría de Transparencia ha solicitado celeridad en las investigaciones, subrayando que el caso empaña la inversión social en los territorios más afectados por la violencia. La preocupación central es que la desconfianza ciudadana termine erosionando los mecanismos creados precisamente para reparar el daño histórico del conflicto.
En el Cesar y La Guajira, donde la política y la contratación pública suelen caminar de la mano, los allanamientos marcan un nuevo capítulo en la vigilancia sobre los recursos de regalías. La pregunta que queda flotando en el ambiente es si esta vez las investigaciones lograrán ir más allá de los titulares y establecer responsabilidades concretas.
Mientras tanto, en las oficinas intervenidas, los escritorios quedaron vacíos y las luces apagadas. En los discos duros incautados, las autoridades esperan encontrar las respuestas que la región lleva años reclamando.
