Mientras las comunidades asentadas en Bahía Honda y Bahía Hondita, comenzaron a desplazarse debido a la falta de agua, la sociedad civil, los órganos legislativos y los entes administrativos, comenzaron a opinar en diferentes sentido, tras conocerse la primera parte del fallo proferido por la Corte Constitucional, la cual determinó declarar inexequible el Decreto 1085, pero dejó en provisionalidad por un año, todo lo relacionado con el tema de agua potable para el departamento de La Guajira.
El fallo deja sin efectos jurídicos todo lo relacionado con la emergencia económica, decretada el 2 de julio de 2023, obligando al gobierno a buscar otros mecanismos en el poder legislativo para lograr aprobar proyectos de envergadura que permitan solucionar de forma sostenible el problema de la falta de agua potable, una de las principales causas de la muerte masiva de menores y adultos en las zona media y alta de la península.
Tras conocerse la primera parte del fallo proferido por la Corte Constitucional, se comenzaron a escuchar las reacciones tanto a nivel nacional, como en el departamento de La Guajira, en donde los efectos de la medida de las altas cortes, genera connotaciones de gran impacto, especialmente en la ejecución de obras que estaban soportadas en recursos que se debían recaudar mediante tributos especiales.
“Construir nuevas líneas de trabajo” pide la gobernadora
Para la gobernadora Diala Winches Cortina, “es una decisión que se debe acatar e incrementar las acciones a través de la exhortación que acaba de hacer la CC, además que el gobierno nacional y el congreso de la república tomen acciones ordinarias legales que permitan resolver la crisis de forma estructural”.
La mandataria invitó a todos los sectores del departamento a construir líneas de trabajo, en aras de ir a tono con la decisión, toda vez, que le impone un efecto diferido a esta acción, en lo concerniente al tema del agua para las comunidades.
“Hay que aprovechar que nos encontramos en un momento muy oportuno, cuando el congreso discute el tema del presupuesto, para que se puedan establecer los recursos necesarios para afrontar la crisis a que se ha visto abocado el departamento de La Guajira en los últimos años” señaló la mandataria, quien recordó que la gobernación ha venido trabajando en algunos sectores de agua potable, con inversiones millonarias en la construcción, recuperación e implementación de sistemas de acueductos en zonas de alta vulnerabilidad, no solo las señaladas en la Sentencia T-302, también en zonas del centro y sur de este territorio.
“Vamos a seguir trabajando” Astrid Cáceres directora del ICBF
La directora nacional del Icbf, Astrid Cáceres fue clara al señalar que “la entidad va a seguir trabajando y atendiendo a toda la población infantil, que ha venido siendo amparada bajo el marco jurídico del instituto”
Senador Alfredo Deluque Zuleta
Por su parte el senador guajiro, Alfredo Deluque Zuleta, recoció que “La Guajira entra en una situación complicada, pero afortunadamente tenemos las herramientas en las manos, con el congreso de la república y el gobierno nacional, para tomar decisiones de fondo.
Pronunciamientos
Durante la primera emisión del Noticiero Cardenal, se escucharon los pronunciamientos de los cuatro candidatos a la gobernación de La Guajira, Jimmy Boscan, Wilder Navarro, Laura Andrioly y Jairo Aguilar Deluque, quienes coincidieron en algunos conceptos, especialmente que se debe aprovechar la coyuntura jurídica para lograr que la Nación a través del Congreso, pueda adoptar medidas especiales, para que el gobierno nacional pueda contar con herramientas reales a fin de poder cumplir la Sentencia T-302, pero además ejecutar obras de impacto y alta sostenibilidad que le permitan a la península, afrontar todos los efectos del cambio climático y la calamidad humanitaria que se agudizó hace 10 años cuando, las políticas económicas de Venezuela se desplomaron y se comenzó a sentir el retorno de las familias wayuu, luego la migración y posteriormente los graves efectos arrojados por la pandemia de coronavirus.
