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Al interior de la empresa Cerrejón reina la preocupación. El staff de jefes ha recibido instrucciones sobre los proyectos, manejo de presupuestos y meditar sobre lo que será el futuro de la empresa en el departamento de La Guajira, ante la grave crisis social, que ha desbocado en cierres de vías, red férrea, bloqueos a mercados internacionales, y otra serie de problemas que en este momento mantiene atrapados cientos de toneladas del mineral, que no puede ser transportada a Puerto Bolívar.

Mientras eso ocurre al interior de una de las empresas mineras más grande de Colombia, Nación Wayuu se mantiene en las calles de Bogotá, en donde miembros de las comunidades que se encuentran en la zona de incidencia minera, hacen denuncias sobre los graves efectos ambientales que genera la explotación del mineral, la falta de consulta previa, y el abandono en la ejecución de obras sociales en toda la media y alta Guajira.

El cierre de la vía férrea cumplió seis días, esto ha provocado un efecto negativo a la producción, transporte e incluso amenaza la exportación a los mercados internacionales, en donde, de continuar las protestas se pondrían en serio peligro el cumplimiento de los compromisos comerciales.

En las últimas horas, la empresa Cerrejón expidió un nuevo comunicado en donde formula un llamado a poner fin a los seis días de bloqueos que se vienen presentando en la vía férrea por parte de comunidades representadas por la ONG Nación Wayuu.

“Exhortamos a esta organización a honrar el proceso de consulta en curso, liderado por el Ministerio del Interior, en el que, a la fecha, Cerrejón ha formalizado exitosamente 374 acuerdos con comunidades de los 427 indicados dentro de las consultas requeridas por la sentencia T-704. Estos acuerdos engloban más de 2.260 iniciativas sociales que las comunidades han definido y están implementando progresivamente de forma autónoma” dice el documento expedido de la empresa.
En el mismo documento aclara que la selección de las comunidades para su inclusión en este proceso es decisión de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior”.
Aseguran que los bloqueos a la vía férrea y carreteras impactan negativamente a todos en La Guajira, incluidos los miembros de la comunidad y demás empresas. Estas acciones impiden el suministro de bienes, el libre movimiento de personas y empleados, la llegada de suministros esenciales para nuestra operación minera y el transporte de carbón a puerto. Así mismo, los bloqueos nos impiden entregar agua potable a 164 comunidades de La Guajira, lo que hemos hecho desde 2014.
Lo más preocupante es que los bloqueos en curso están afectando la reputación de Colombia como proveedor confiable y afectan la capacidad de Cerrejón de enviar carbón oportunamente a sus clientes, quienes tienen a alternativas diferentes a Colombia.
Finalmente, la empresa Cerrejón hace un llamado a la organización Nación Wayuu para que demuestre un liderazgo constructivo, alentando a las comunidades a cumplir con el proceso de la DANCP, el cual, hasta la fecha, ha resultado en la identificación y acuerdos con otras 69 comunidades representadas por esta organización y, a poner fin a estos bloqueos continuos que afectan a Cerrejón y a la comunidad en general y pide a las partes a comportarse de manera pacífica y conforme a la ley.

Respuesta de Nación Wayuu

A través de un comunicado, el Movimiento Indígena Nación Wayuu rechazó las aseveraciones hechas por Cerrejón, en las que manifiestan que los bloqueos impactan negativamente a todos en La Guajira, incluidos los miembros de las comunidades a quienes se les impide el suministro de agua.

De acuerdo con la ONG, el cierre del territorio realizado por las autoridades tradicionales obedece a las graves violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido estas comunidades, quienes durante más de cuatro décadas han sido afectados e impactados ambiental, social, cultural y espiritualmente por la operación minera de Cerrejón.

Estas comunidades reclaman el cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016, una orden de la Corte Constitucional que condena a Cerrejón por las afectaciones antes mencionadas que ha causado a esta población sujeta de especial protección constitucional.

La organización hizo un llamado a Cerrejón a la sensatez y coherencia en sus comunicados, pues asegura que podrían estar poniendo en grave peligro la vida de los líderes y defensores de los Derechos Humanos adscritos a esta ONG, toda vez que se les está culpando y censurando por acompañar y defender los derechos de sus comunidades.

Finalmente, el Movimiento Indígena Nación Wayuu dejó constancia que cualquier situación que se presente en contra de las autoridades, líderes, profesionales voluntarios, activistas y defensores de los Derechos Humanos que acompañan este proceso, será única y exclusivamente responsabilidad de la empresa Cerrejón y del Estado colombiano.