La muerte de Esneider Rafael Pushaina Ipuana, un menor de solo 22 meses de nacido, afiliado a la EPS, Anas Wayuu, ha generado una fuerte reacción por parte de la Organización Shipia Wayuu, quien denunció el grave hecho y de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien ha reclamado la participación inmediata de las autoridades tradicionales, los padres de familia y la misma comunidad para que cuando se detecte un caso de persona afectada por problemas de salud, inmediatamente de activen las alarmas.
Según la denuncia de Shipia Wayuu, el hecho ocurrió ocurrió en el campamento de Cerrejón, en el sector de Media Luna, en la comunidad indígena ‘arijunao’, en la Alta Guajira, jurisdicción del municipio de Uribia.
En su cuenta de Twitter la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, señala que “Cada niño que fallece por desnutrición tuvo adultos que estuvieron cerca, que no advirtieron el riesgo. ¿Estaba afiliado a salud? ¿Tenía autoridad su territorio? ¿Había organizaciones del estado o de la sociedad civil que debieron alertar? ¿Quién maneja el teléfono más cercano?”
Frente a las inquietudes y preguntas de la directora del Icbf, la Organización Shipia Wayuu, dio respuesta en un documento que hizo público en las últimas horas, «Señora directora, el desconocimiento de la magnitud de la Tragedia Humanitaria Wayuu a veces lleva a los funcionarios a hacer preguntas absurdas que la Corte Constitucional desarrolló en la Sentencia T-302/2017, donde se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional. Importante leerse la Sentencia T-466/2016 y las Medidas Cautelares MC 5115 de la CIDH, además del informe de la Defensoría del Pueblo ‘Declaratoria Crisis Humanitaria Wayuu’».
Pero la directora, ha lanzado una interesante propuesta «conocer lo que sucedió nos ayuda a tomar decisiones, por eso estamos promoviendo una comisión de la verdad nutricional en La Guajira. Pronto será una realidad. Mientras tanto, estamos investigando dónde se rompe la cadena de protección y atención, y buscando una mayor capacidad de reacción y búsqueda».
Para la organización indígena Shipia Wayuu, el problema de la desnutrición sigue latente y arrojando cifras espeluznante sobre la salud de los pobladores, «de cada 10 niños y niñas que viven en una ranchería, nueve sufren algún síntoma asociado a la desnutrición. En estas comunidades no hay vías, luz eléctrica, comunicación; la presencia del Estado es nula y la desidia, desigualdad, discriminación e irrespeto son la única realidad de un Estado deshumanizado».
Durante una visita reciente al departamento, la Superintendencia Nacional de Salud hizo un fuerte llamado a la Gobernación de La Guajira y a las Secretarías de Salud del departamento, así como a los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha, debido al aumento de casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, calificando estas cifras como «alarmantes».
Con este último caso, el número de niños fallecidos por desnutrición en el departamento asciende a 27: 13 en Uribia, 5 en Maicao, 5 en Manaure, 3 en Riohacha y 1 en Dibulla.