“Me preocupa que en este momento de elecciones y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y de democracia y dándole a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados en estos tres años, poder de aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país. No es posible que se les entregue la posibilidad de ser candidatos. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”
MARGARITA CABELLO, PROCURADORA GENERAL
A menos de tres meses de las elecciones territoriales en Colombia, el presidente Gustavo Petro, tensionó al país. La tercera decisión que estremece los cimientos de la democracia, tiene que ver con la alcaldía de Riohacha, la capital de La Guajira, uno de los departamentos más señalados por presuntos problemas de corrupción. Ya antes el propio presidente había encendido los corrillos con el metro de Bogotá y la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz.
En Riohacha las calles tienen una parálisis casi literal. La gente está a la expectativa en el parque Padilla, muy pendiente del arribo del alcalde José Ramiro Bermúdez, quien junto a su equipo de abogado, podría llegar a reasumir sus funciones. Parece que ya existe un grupo preparando el tema. Por el momento continúa Leandro Mejía, el Secretario de Gobierno, despachando como alcalde. En la ciudad se respira un ambiente tenso. No es la primera vez, ya prácticamente la gente se ha acostumbrado a este tipo de hechos. Hace poco se vivió un episodio en la gobernación de La Guajira.
Una vez conocido el texto del documento de respuesta del presidente Petro a la Procuradora Margarita Cabello, ella ha mostrado su preocupación, advirtiendo a la revista Semana y otros medios de Bogotá que “Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo del Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal si no la ejercen múltiples autoridades. La corrupción en Colombia sobrepasa los límites del mundo entero”.
Eso tensiona al país. Prácticamente lo divide. De un lado, quienes respaldan las decisión del metro subterráneo, la designación de Mancuso y el rechazo a la suspensión del alcalde de Riohacha. Por el otro, quienes corean a la Procuradora Cabello para que siga atizando el tema de la capital de La Guajira.
Pero la advertencia de la procuradora Cabello, además de su contundencia, fue mucho más allá y prendió las alarmas por el proceso electoral que se está dando en el país y que ya despega con la inscripción de los candidatos, dice la revista Semana.
“Me preocupa que en este momento de elecciones y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y de democracia y dándole a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados en estos tres años, poder de aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país. No es posible que se les entregue la posibilidad de ser candidatos. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, afirmó Cabello.
La Procuradora dejó claro su planteamiento jurídico con el que le respondió al mentado argumento del presidente Petro. “La Corte Constitucional determinó que la investigación, juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluido los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación, con la ratificación propia del Consejo de Estado”
Agregó en su argumento la Procuradora que “esa decisión fue ratificada por una sentencia de la Corte Constitucional, en Colombia, estado de derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República deben obedecer las decisiones del órgano máximo como es la Corte Constitucional”