La comunidad de la vereda Río Cañas mantiene un bloqueo en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira.
La protesta es liderada por habitantes de Río Cañas y trabajadores vinculados a la empresa Puerto Brisa S.A.S., quienes exigen atención frente a presuntas afectaciones ambientales, sociales y económicas que, según la comunidad, se han prolongado por más de nueve años.
Comunicado a la opinión pública
En un documento fechado el 25 de febrero de 2026, la Junta de Acción Comunal, el Comité de Usuarios del Río Cañas (COURCA) y la Asociación APTA manifestaron su “profunda preocupación” por lo que consideran incumplimientos y omisiones por parte de la empresa portuaria, así como falta de intervención efectiva de autoridades locales, departamentales y nacionales.
Entre los principales señalamientos, la comunidad afirma que:
- Existen compromisos incumplidos por parte de la empresa.
- Se ha mantenido una comunicación deficiente y poco transparente.
- No se han implementado mecanismos adecuados de responsabilidad social empresarial.
- No ha habido un proceso de diálogo estructural y participativo con la comunidad.
Afectaciones señaladas
Según el comunicado, las consecuencias incluyen:
- Más de 80 familias campesinas afectadas en su actividad agrícola.
- 18 pescadores con impacto directo en su sustento.
- Inundaciones en fincas del sector.
- Pérdida de cultivos y animales.
- Viviendas afectadas.
- Disminución de ingresos por turismo.
- Impactos ambientales en el ecosistema y área costera.
La comunidad sostiene que estas situaciones vulnerarían derechos colectivos consagrados en la Constitución Política de Colombia, especialmente los relacionados con el ambiente sano y la protección estatal frente al deterioro ambiental.
Exigencias de los manifestantes
Entre las solicitudes planteadas están:
- Instalación inmediata de una mesa de alto nivel con capacidad decisoria.
- Cronograma verificable del Proyecto La Zapotera.
- Evaluación técnica independiente de los daños.
- Plan de compensación integral para las familias afectadas.
- Garantías de participación vinculante de la comunidad.
Los líderes comunitarios reiteran que la movilización es pacífica y que no se oponen al desarrollo económico, pero exigen que este se realice con responsabilidad ambiental y respeto por los derechos colectivos.
Asimismo, advierten que, de no obtener respuestas concretas, acudirán a mecanismos constitucionales como acciones populares y acciones de cumplimiento.
