Por Vilbrum Edward Tovar Peña.
Con el desplome o hundimiento de las reformas sociales el tiempo es valioso y si nos reaccionamos oportunamente el pueblo soberano que es sabio y nuestro jefe con razón nos pasara una factura con altísimos intereses.
Estamos de acuerdo con nuestro presidente Gustavo Petro que cuatro años no son suficientes para hacer las trasformaciones necesarias, necesitamos ganar las elecciones parlamentarias en el 2026, pero también necesitamos un gran acuerdo para superar la violencia y sus caldos de cultivos la corrupción y el narcotráfico.
Es necesario proponer y darle tramite a una ley de punto final que beneficie a todos los actores de la violencia y nos conduzca por los caminos verdaderos de la reconciliación y la paz devolviéndole la tierra a los campesinos desplazados como punto número del acuerdo de paz que contiene el acuerdo que se pactó con la insurgencia y que muchos se empeñaron en volverlos trizas. El cumplimiento de este acuerdo contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
Entonces es hora de asumir responsabilidades, gobernar y demostrar que estamos dispuestos a corregir nuestros desaciertos, para ello debemos ejecutar con transparencia, eficacia y eficiencia los recursos públicos.
El presidente Gustavo Petro ha insistido por todos los medios y con angustia en lograr un acuerdo nacional para sacar adelante las transformaciones sociales que beneficien al pueblo.
Pero la respuesta definitiva, contundente y concluyente de los opositores desde el Congreso de la Republica, es la clásica actitud constante de hacer chistes y no tomar en serio nada ni a nadie, lo que es igual a la clásica “mamadera de gallo” para conservar las cosas como están y mantener los privilegios de los sectores minoritarios que los financian en sus campañas.
La oposición no puede ser tan mezquina y pensar solo en garantizar el control y dominio de importantes sectores sociales con sus contratos precarios en la relación laboral, controlar las licitaciones públicas, seguir manejando sin vigilancia los recursos de la salud de los colombianos con su intermediación que conduce a que desaparezcan billones de pesos, mientras los ahorros de los trabajadores en los fondos privados de pensiones acrecientan beneficios del sistema financiero en detrimento de las futuras o casi nulas pensiones.
Una clase política que amaga y vacila en el trámite de las reformas sociales en el congreso, mientras mantiene su representación y control de los órganos de dirección del gobierno nacional en especial en los institutos descentralizados en los territorios, donde continúan ejerciendo el ordenamiento del gasto, la contratación y la no aplicación de las políticas públicas del gobierno del cambio oponiéndose sistemáticamente a ellas, pero en beneficio no solo quienes los sostienen en sus cargos sino también de quienes son dueños de sectores estratégicos de la economía que controlan los peajes por las grandes las carreteras nacionales y la infraestructura portuaria. Para solo citar dos casos.
Este sector minoritario que se opone al progreso de la economía y la colectividad, con una amplia representación en el Congreso de la Republica en el momento definitivo de las decisiones se alinean con quienes los financian y hunden las reformas sociales.
Frente a esta realidad no toca otra salida que el presidente de la republica recurra a establecer el esquema GOBIERNO- OPOSICION. Que nuestro presidente desde el ejecutivo realicemos las obras publicas de infraestructura y ejecutemos los presupuestos estatales que beneficien al pueblo.
Quienes no ganaron el gobierno, pero ganaron una representación en el senado y cámara hagan lo que le corresponde hacer y para lo cual fueron elegidos, realicen los respectivos debates de control político. De esta forma se enriquece la democracia y se respetan sus derechos.