El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días calendario en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, debido a los graves impactos generados por un fenómeno hidrometeorológico atípico que afectó amplias zonas del país.
La medida, adoptada con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, busca conjurar la crisis ocasionada por el desplazamiento anómalo de un frente frío que, entre finales de enero y los primeros días de febrero, provocó lluvias extraordinarias, inundaciones masivas, crecientes súbitas, mar de leva y daños severos en infraestructura pública y privada.
Impacto sin precedentes
De acuerdo con los informes oficiales citados en el decreto, entre el 27 de enero y el 6 de febrero se registraron 65 emergencias en 61 municipios, con afectaciones a más de 252 mil personas y 69 mil familias, además de daños en miles de viviendas, vías, puentes, centros educativos y de salud.
En el caso de La Guajira, se reportaron 9 eventos, con más de 31 mil personas afectadas y 6.295 familias damnificadas, así como daños en viviendas, vías, sistemas de acueducto y centros educativos. El departamento también figura entre los territorios con riesgo en materia de prestación del servicio de energía eléctrica y abastecimiento.
El Gobierno argumenta que la magnitud del fenómeno supera los promedios históricos de precipitación, alcanzando incrementos de hasta el 289 % frente a los registros climatológicos habituales para esta época del año.
Energía, agricultura y riesgo social
El decreto advierte además sobre un riesgo sistémico en el Mercado de Energía Mayorista, agravado por las deudas acumuladas de empresas comercializadoras de la región Caribe, situación que podría comprometer la continuidad del servicio.
En el sector agropecuario, se estiman más de 110 mil hectáreas de cultivos afectadas, así como impactos significativos en la producción pecuaria y pesquera, lo que genera preocupación por la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias rurales.
También se reportan daños en infraestructura hospitalaria y educativa, con cientos de sedes en situación de anormalidad, lo que compromete derechos fundamentales como la salud y la educación.
Facultades extraordinarias
Con la declaratoria de emergencia, el Presidente de la República queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley, exclusivamente orientados a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.
Entre las medidas que podrían adoptarse en los próximos días se encuentran:
Flexibilización de apropiaciones presupuestales, para acelerar la destinación de recursos.
Creación de contribuciones parafiscales temporales.
Establecimiento de contraprestaciones tributarias en materia de energía eléctrica.
Estas disposiciones deberán ser específicas, transitorias y sujetas a control automático por parte de la Corte Constitucional.
Lo que sigue
En las próximas horas se espera la expedición de los decretos reglamentarios que definirán el alcance concreto de las medidas económicas, sociales y fiscales. Mientras tanto, las autoridades territoriales en los ocho departamentos continúan en labores de atención humanitaria, evaluación de daños y restablecimiento de servicios básicos.
La emergencia tendrá vigencia inicial de 30 días, prorrogables dentro de los límites constitucionales, mientras el Gobierno implementa acciones extraordinarias para mitigar los efectos de una de las contingencias climáticas más severas registradas en los últimos años en la región Caribe y noroccidente del país.
