Esa noche, mientras una parte del pueblo celebraba la elección del nuevo alcalde en La Jagua del Pilar, Joaquín miraba el cielo. Los nubarrones espesos parecían a punto de romperse sobre la plaza. No sabía si era lluvia lo que se venía o vergüenza. Estaba sentado en un parque que no conocía, en un municipio que nunca había pisado, con el dedo aún manchado de tinta. Había votado por un desconocido en un territorio ajeno.
Pensó que La Jagua era su tierra. Así se lo dijeron cuando lo convencieron de firmar el traslado de su cédula. Le hablaron de progreso, de oportunidades, de un favor pequeño que no hacía daño a nadie. Pero esa noche entendió que había sido una pieza más en una maquinaria silenciosa y antigua: la trashumancia electoral.
En La Guajira estas historias se cuentan por cientos. Cada proceso electoral revive el mismo ritual: listas que circulan, buses que viajan en la madrugada, inscripciones masivas en municipios donde la población apenas llena una plaza. La trashumancia —el trasteo irregular de votantes a lugares donde no residen— es un delito en Colombia. Sin embargo, durante años en este rincón del Caribe pareció una costumbre tolerada, un secreto a voces.
La reciente condena contra el exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón, conocido como “El Macho”, rompió esa normalidad aparente. Un juez le impuso prisión domiciliaria tras comprobar el traslado de electores de otras regiones para asegurar su elección. La decisión no solo tocó a un dirigente; rasgó el decorado de una práctica que cabalgaba sin freno por el sur del departamento.
El fenómeno no es aislado. En las elecciones recientes, municipios como Albania, Maicao, Villanueva, San Juan del Cesar, Fonseca, El Molino, Distracción, Dibulla, Barrancas, Uribia, Urumita y Hatonuevo registraron anulaciones masivas de inscripciones por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil tras investigaciones administrativas. En varios casos, el número de nuevos inscritos superaba lo razonable frente al tamaño real del censo.
La Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral encendieron alertas: tasas de inscripción atípicas en municipios pequeños donde un puñado de votos puede inclinar la balanza. En territorios de baja población, mover estratégicamente electores equivale a reescribir la voluntad popular.
Algunos nombres han atravesado estos años de turbulencia política. Oneida Rayed Pinto Pérez, exalcaldesa de Albania y exgobernadora electa, vio anulada su elección por inhabilidades y enfrenta procesos judiciales. Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko” Gómez, fue condenado por otros delitos graves que marcaron el contexto de redes clientelistas en la región. No siempre las investigaciones terminan en condenas por trashumancia, pero el mapa político del departamento muestra cicatrices profundas.
¿Por qué ocurre? La respuesta se teje entre la competitividad feroz de clanes regionales, la fragilidad institucional y la matemática implacable de los pueblos pequeños. En municipios donde el padrón cabe en un listado corto, un bus lleno puede cambiar la historia.
La trashumancia no es solo un delito técnico. Es una fractura moral. Cada cédula trasladada erosiona la confianza en la democracia local. Cada firma arrancada bajo promesas o presiones vacía de sentido la autonomía de los territorios.
Esa noche, cuando finalmente cayó la lluvia sobre La Jagua del Pilar, Joaquín entendió que su voto había viajado más que él. Y que mientras la justicia apenas comienza a desmontar esta práctica, el riesgo sigue latente en La Guajira: el de elegir autoridades que no representan a quienes realmente habitan la tierra que dicen gobernar.
