“Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, elaborada por la Agencia De Desarrollo Rural, a ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto, que permitan alcanzar los propósitos planteados desde hace más de 15 años.
SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
La obra beneficiará a nueve poblaciones de La Guajira.
La sección primera del Consejo de Estado confirmó en una sentencia de segunda instancia, la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que ordena al Gobierno nacional a concluir el proyecto Represa del Ranchería.
La acción popular fue interpuesta por el ente de control, alegando el incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, así como la vulneración a la existencia del equilibrio ecológico, del aprovechamiento racional de los recursos naturales y en la falta de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y potable para el consumo humano en los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.
El fallo del máximo organismo de lo administrativo ordena a las autoridades involucradas con competencias en el documento
La mesa técnica deberá ser conformada por el Departamento Nacional de Planeación; la Gobernación de La Guajira; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Minas y Energía y del Interior.
Para finalizar el Consejo de Estado referenció que la Presidencia de la República- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, deberá coordinar con las entidades demandadas y demás entes competentes, incluir el proyecto del Acueducto Regional o Subregional, en la alianza por el Agua y la Vida que viene implementado en virtud de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, priorizando el proyecto de ejecución de las obras necesarias para conectar los acueductos a la represa El Cercado.