“Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales”. Se expidió un decreto sobre hechos que no son sobrevivientes y pueden atenderse por mecanismos ordinarios.
DICE LA PROCURADURÍA
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira (1085 de 2023) es inconstitucional.
En concepto rendido ante la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que el decreto analizado declara una emergencia con base en hechos que no son sobrevivientes y pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios que existen en el ordenamiento jurídico.
La Procuradora General sostuvo que, si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cubertura de servicios básicos vitales en La Guajira, se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional.
Agregó que para superar la crisis social y económica estructural que se enfrenta en el departamento, el Gobierno está en mora de acatar las órdenes de atención en favor de la población emitidas por la Corte Constitucional en el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.
También debe implementar eficazmente la política pública diseñada para responder a las dificultades crónicas que afectan la región y acudir a las medidas especiales para la gestión del riesgo, calamidades y desastres por factores climáticos contenidas en la ley que regula esa materia (Ley 1523 de 2021).
“Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta al departamento”, resaltó la jefe del Ministerio Público en su concepto.
Indicó que el Ministerio Público no desconoce la grave situación en La Guajira, solo que su existencia no es emergente y requiere una solución por las vías normales previstas en la Carta Política. “Este pronunciamiento se limita a retomar la doctrina que prohíbe la utilización expansiva de los poderes excepcionales de la emergencia para resolver problemas crónicos o estructurales, sin que ello quiera decir en modo alguno que estos deban quedar huérfanos de consideración por parte de las autoridades”, puntualizó la jefe del órgano de control.
