Al alcalde del Distrito de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, no le tembló la mano para firmar el contrato, mediante el cual adjudicó por 30 años a la empresa Aqualia, la operación del sistema de Acueducto y Alcantarillado, desconociendo las recomendaciones que en tal sentido había formulado la Procuraduría General de la Nación.
Esas, quizás fueron las razones para que el ministerio público, ordenara la suspensión por seis meses del ejecutivo distrital, a quien le fueron a notificar, pero no lo encontraron en su despacho porque se había decretado vacaciones y se fue de viaje.
Pese a firmarse el contrato de adjudicación del contrato para operar el acueducto, la comunidad de Riohacha, no ha podido recibir una información completa sobre las condiciones en que se hizo la negociación, y cuáles son las propuestas que trae la empresa Aqualia, que reemplazara a Asaa, un consorcio que maneja el sistema de acueducto desde el 2013.
A las 12 del medio día de hoy, un funcionario de la Procuraduría Regional de La Guajira, llegó al despacho para notificar al alcalde, Bermúdez Cotes, pero se le informó que se encontraba en vacaciones desde este viernes.
El ministerio público había advertido presuntas irregularidades en el proceso de selección del operador que manejará el servicio de Acueducto y Alcantarillado para Riohacha, la Procuraduría exhortó al alcalde a considerar la suspensión inmediata de la licitación. El ejecutivo distrital hizo caso omiso, y adjudicó a la empresa Aqualia, el contrato por 30 años, contando con el respaldo de 17 concejales, a los cuales se les sigue una investigación.
La solicitud del Ministerio Público se da luego que evidenciara fallas en la información del plan de obras e inversiones del futuro operador; también encontró inconsistencias en costos y presupuestos y falencias técnicas en la definición de condiciones para ejecutar el proyecto en zonas rurales del municipio.
En la labor preventiva, el organismo de control reiteró en más de un ocasión observaciones al mandatario local, José Ramiro Bermúdez Cotes, sobre los requisitos del proceso licitatorio y la importancia de tener claridad frente a la valoración económica de la infraestructura existente.
De igual forma, en diversas mesas técnicas llevadas a cabo, la Procuraduría puso de manifiesto los riesgos en torno al proceso contractual sin que hasta el momento se haya dado respuesta a muchas inquietudes, una de ellas la no publicación de la matriz de riesgo ni de los pliegos de condiciones lo que infiere una presunta vulneración de los principios de la contratación pública.
El Pulso Caribe conoció que el Ministerio Público, realizará la notificación por edicto, lo que llevaría unos 6 días, fecha para la cual, quedaría ejecutoriada la suspensión, lo que obligaría al alcalde a estar por fuera de su despacho por espacio de 6 meses, lo que significa que su regreso al cargo sería después de las elecciones territoriales del 29 de octubre.