SENTENCIA NO SE CUMPLE: Abogado Óscar Pérez González, advierte sobre fallas estructurales que no se pueden resolver con acciones aisladas

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Ante miembros de la comunidad de Manaure, el abogado constitucionalista Óscar Pérez González, gerente de Cosmovisionarios Abogados & Palabreros, expone los alcances hasta el momento de la Sentencia T-302
Abogado Óscar Pérez González.

En el municipio de Manaure se llevó a cabo el Segundo Diálogo Constitucional, liderado por Cosmovisionarios Abogados & Palabreros, bajo la dirección del Dr. Óscar Pérez González, abogado, académico y defensor de derechos humanos.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Institución Etnoeducativa Técnica Eusebio Séptimio Mari, donde asistieron alrededor de 200 personas, entre ellas líderes sociales, comunales y autoridades naturales del territorio.

Estos diálogos tienen como fundamento el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-302 de 2017, que evidenció la grave y persistente vulneración de derechos fundamentales en La Guajira. Esta figura jurídica señala que existe una falla estructural que no puede resolverse con acciones aisladas, sino mediante esfuerzos coordinados y sostenidos entre Estado, comunidades, organizaciones e instituciones.

Bajo este principio, la jornada se desarrolló como un ejercicio de articulación intersectorial y exigibilidad social, orientado a promover el cumplimiento efectivo y obligatorio de la sentencia, especialmente frente a los retos históricos relacionados con el acceso al agua, alimentación, salud, participación y autonomía de los pueblos étnicos del departamento.

La intervención central estuvo a cargo del Dr. Óscar Pérez González, quien compartió su experiencia en litigio estratégico y pedagogía constitucional, resaltando que estos encuentros no son solo espacios de diálogo, sino mecanismos concretos de empoderamiento comunitario y construcción de soluciones desde el territorio.

Cosmovisionarios Abogados & Palabreros ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la ciudadanía, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de garantías reales a través del trabajo conjunto entre las comunidades y las instituciones del Estado.