Por: Yohir Akerman – TOMADO REVISTA CAMBIO
Un contrato de 36.500 millones de pesos para la reconstrucción de una vía en Uribia muestra los insospechados nexos políticos entre localidades tan distantes como Itagüí, Antioquia y La Guajira. También revela la expansión desmedida de las redes de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, evidenciada en escándalos de alto impacto como el de la UNGRD. Para la muestra un botón.
Según confesó la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ante la Fiscalía General de la Nación, el contrato de esa carretera se hallaba entre los mal llamados cupos indicativos asignados a congresistas, que tienen en la cárcel a dos importantes alfiles de esta administración: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
Conforme a la información suministrada por la funcionaria, el proyecto de la vía en mención fue asignado al representante antioqueño a la Cámara, Daniel Restrepo Carmona, quien se inició en el Congreso en 2021 como fórmula del senador, también antioqueño, Carlos Trujillo. Trujillo es expresidente del Partido Conservador y cabeza de un verdadero fortín electoral enclavado en la península guajira que le dio la mitad de los 200.000 votos que lo eligieron. Restrepo relevará a Trujillo ahora en el Senado.
Sigamos con la vía. La obra, que une la cabecera de Uribia con el corregimiento de Poportín, fue contratada originalmente por 31.500 millones de pesos por la Alcaldía de Uribia, con recursos del Invías. Tuvo una adición por 5.000 millones de pesos que, dentro de los cuadros informativos aportados por la exasesora Benavides, aparecen asignados al congresista Restrepo Carmona.
La carretera supuestamente beneficiaría a 55 comunidades wayuu, donde habitan 5.865 personas, e incluía el mejoramiento de 11,6 kilómetros de vía y la construcción de 30 alcantarillas tipo cajón, estructuras de concreto destinadas a permitir el paso de aguas lluvias y escorrentías bajo la calzada. Más de tres años y medio después, la obra no va ni por el 70 por ciento y la respuesta oficial es la de siempre: si el contratista no cumple, se iniciará otro proceso licitatorio, demostrando que, en Colombia, la corrupción no fracasa, simplemente se recicla.
Como escribió Benjamín Franklin, en este mundo todo es incierto, salvo la muerte y los impuestos. De haber recorrido la vía entre Uribia y Poportín, probablemente habría añadido un tercer elemento a esa lista: la corrupción. Y no solo en la carretera. En Uribia existe otra obra clave que confirma el mismo patrón. La planta de tratamiento de agua del corregimiento de Buenos Aires, en la Alta Guajira, comparte no solo el abandono, sino la lógica que explica por qué las obras públicas terminan convertidas en ruinas anticipadas.
Ambas permanecen inconclusas, la una sin asfalto y la otra sin agua, y tienen en común los nombres de los responsables. De acuerdo con información conocida en la región, el señor Álvaro Adolfo Bustamante ha ejecutado estos y otros contratos millonarios junto al caballero John Jairo Eljadue López, con quien habría contratado de manera conjunta más de 150.000 millones de pesos, cerca de 70.000 de ellos en Uribia.
Vamos a ellos. Bustamante, oriundo de Guamal, Magdalena, aparece además vinculado por lazos familiares y políticos a estructuras de poder local en Uribia. Versiones regionales hablan de su cercanía con el personero municipal, Carlos Rangel. Por su parte, el grupo empresarial de los Eljadue López, son cercanos con William y Salomón Riscala, miembros de otro clan de contratistas que ha aparecido mencionado en investigaciones y controversias políticas en La Guajira, traídos de la mano de la senadora Martha Peralta, la misma que es de nuevo candidata al Senado, impulsada por el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago. Todo se cierra.
Pero regresemos a la historia principal. En los cuadros de la testigo Benavides no solo aparece el representante Restrepo. Otro nombre que sobresale en este caso es el de Juan Loreto Gómez Soto. En 2022, Gómez Soto fue elegido representante a la Cámara por La Guajira con el Partido Conservador. Obtuvo más de 51.000 votos, lo que lo convirtió en el representante más votado del departamento. En las elecciones de 2022, contó con el apoyo del entonces alcalde de Barrancas, Iván Soto, su primo, y del exalcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, del grupo de Carlos Trujillo. De nuevo, Antioquia y La Guajira nunca habían estado tan cerca.
El representante Gómez, hijo de la excongresista María Cristina ‘Tina’ Soto, acusada por la Corte Suprema por compra de votos, aparece con una asignación de 26.000 millones de pesos para una adición a un contrato cuyo objeto es “aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias” en su natal Barrancas.
Este enclave de Itagüí en Uribia tiene aún más ramificaciones. Olmedo López, el confeso corrupto y exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue llamado en septiembre por la Corte Suprema a declarar en el caso de su exmentor, el senador Trujillo, el mismo que como presidente de los conservadores se había encargado de acercar esa colectividad al gobierno Petro.
La relación entre López y Trujillo se remonta a sus tiempos de estudiantes en la Universidad Latinoamericana de Antioquia, y Trujillo habría sido un facilitador en la carrera política de Olmedo López, desde el primigenio nombramiento como secretario de Ambiente en Itagüí hasta su llegada a la dirección de la UNGRD.
De ese mismo municipio antioqueño es también Wilmar Mejía, actual director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hoy salpicado por el escándalo de los archivos secretos de alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc. La Silla Vacía publicó varias imágenes en las que Mejía aparece junto a su coterráneo Olmedo López, algunas tomadas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, en 2022, en el sur del Valle de Aburrá. Otras versiones indican que Mejía habría sido visto haciendo campaña también en La Guajira, de la mano de López y del senador Trujillo.
Otra imagen comprometedora, fechada en septiembre de 2023 y tomada por el propio Olmedo López, involucra a otro peso pesado del engranaje político: Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2024. En la fotografía aparece junto al senador Trujillo y al entonces alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, reconocido como figura dominante, y propietario ancestral, de la contratación del corregimiento de Poportín.
Las declaraciones de López podrían tener efectos directos sobre Lacouture, quien ya enfrenta otros frentes judiciales, uno por vía del primo de su esposa, el condenado Bernardo ‘Ñoño’ Elías, y otro por presuntas irregularidades contractuales durante su paso por la dirección del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales.
El entramado familiar no es menor. Cielomar Peñaloza de Lacouture, madre del exsecretario Jaime Luis Lacouture, fue vista en campaña y resultó elegida alcaldesa de Villanueva, en La Guajira. Durante el proselitismo, opositores denunciaron la entrega de alimentos que, según afirmaron, provenían de la UNGRD. El padre, Jaime Lacouture, fue denunciado antes y después de los comicios por compra de votos. El propio exsecretario, pese a su cargo institucional, fue visto haciendo proselitismo abierto en favor de su madre.
Sigamos con los árboles genealógicos y las conexiones políticas de estos dos departamentos. El exalcalde Bonifacio Henríquez es identificado como un aliado estratégico del senador Trujillo. Habría sido pieza clave para que Trujillo obtuviera cerca de 10.000 votos en la Alta Guajira y el propio Olmedo López lo ha señalado como socio político del senador en la región.
Como alcalde, Henríquez participó en reuniones en Bogotá y en visitas en terreno relacionadas con el contrato para la construcción de plantas desalinizadoras en tres corregimientos de Uribia. El contrato, adjudicado por Olmedo López por 46.000 millones de pesos, es hoy objeto de investigación por presuntas irregularidades. En el marco de esas indagaciones, se ha puesto bajo escrutinio el eventual rol de actores locales en la definición del esquema de operación de las plantas.
Pero el contrato de las plantas desalinizadoras no fue un hecho aislado. Un debate en la Cámara de Representantes reveló que, durante la administración de Henríquez, el 81 por ciento de los recursos destinados a jagüeyes terminó concentrado en Uribia, mediante un contrato que pasó de 4.420 millones a 75.000 millones de pesos. Este episodio, junto con los contratos de los carrotanques y de las plantas desalinizadoras, integra el entramado de presuntas irregularidades en La Guajira que hoy rodea al alcalde Henríquez.
A partir de allí, el foco se amplía. La justicia ha puesto la lupa sobre la forma en que el capital político de Carlos Trujillo pudo expandirse mediante el intercambio sistemático de favores, contratos y apoyos territoriales, un mecanismo que habría permitido consolidar su influencia más allá de Antioquia. Este entramado, hoy bajo investigación, aparece como una posible antesala de los grandes escándalos de corrupción que estallaron en entidades clave del Estado, con la aquiescencia, cuando no la omisión, del actual gobierno.
Nada de esto ocurre por azar. La sucesión de contratos inflados, obras inconclusas, intermediarios recurrentes y lealtades territoriales apunta a una forma de hacer política donde el Estado deja de ser un instrumento de servicio público, para convertirse en una moneda de cambio. La justicia empieza apenas a recorrer ese camino, pero los hechos ya permiten una conclusión inquietante, y es que, mientras en Bogotá se hablaba de cambio, en territorios tan distantes como Antioquia y La Guajira se perfeccionaban las viejas prácticas de siempre.
Los 945 kilómetros que separan a Itagüí de Uribia no son una distancia geográfica, no parecen una barrera tampoco, sino un corredor político administrativo por el que circularon votos, contratos y lealtades. Una vía larga, sinuosa y todavía llena de tramos por esclarecer. Es la medida exacta de cómo el poder se reproduce cuando nadie lo controla.