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A propósito del proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Gobierno Nacional, el exjefe paramilitar le expresó al presidente su inconformismo por la falta de participación de todos los actores del conflicto armado colombiano en la elaboración de la iniciativa, y por la tarea del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, de quien expuso varios reparos en un documento enviado a Gustavo Petro, a los representantes de las Curules de Paz y al Congreso de la República.
En la carta, el exjefe paramilitar toma de partida una entrevista que otorgó a un medio de comunicación el Alto Comisionado, y dice que según su versión, el Gobierno está haciendo lo mismo que gobiernos anteriores en cuánto a entregar un trato diferencial a los grupos armados y a las Farc para cumplir con el “deseo de resolverle la situación a Iván Márquez y al ELN”, sin tener en cuenta el papel que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fungieron en el conflicto armado y que por años se ha desconocido a pesar de haber expresado la voluntad de contribuir a la construcción de la ‘Paz total’.
Para Mancuso, la omisión en la que está cayendo el Gobierno de Petro es la misma que por años los gobiernos han incurrido en “dennotar una actitud ideologizada” de los actores del conflicto, por según él, “la inconformidad que les produce reconocer que hubo otro actor armado de carácter político que fueron las AUC” y con los que el Estado suscribió un acuerdo que se “incumplió casi en su totalidad”, originando el surgimiento de otras organizaciones como el Clan del Golfo que operan actualmente en todo el territorio nacional.
El exjefe paramilitar expone los reparos que considera para la discusión sobre la Ley de sujeción, con la que pretenden tratar con asimetría a los grupos armados, puntualizando los errores que cometieron en la negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC, al despojar a las Autodefensas de su carácter político y minimizar a las organizaciones post paramilitares incluido el ELN, teniendo en cuenta que todas suplantan al Estado en los territorios, ejercen un control social y político, y se financian por el narcotráfico.
De esta manera, solicita al Congreso de la República que todos los actores del conflicto que tienen voluntad de contribuir en el proceso de la ‘Paz total’ sean escuchados y tenidos en cuenta para la elaboración de la Ley de sometimiento. Reiterando una vez más sus ganas de entregar sus versiones para que se conozcan los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han “llevado a la prolongación y persistencia de la violencia en los territorios”, para disminuir estos hechos y avanzar en lo establecido en el Acuerdo de paz.