En uno de los momentos más críticos del proceso, Lizana se encontraba en España. La Fiscalía solicitó su extradición y el traslado se hizo efectivo hacia Bogotá. La imagen de una abogada guajira traída desde Europa para responder ante la justicia nacional ocupó espacios informativos de alcance nacional.
“Lizana Henríquez quedó libre de toda culpa y su proceso precluyó”. La frase, pronunciada por la abogada Maureen Puente Vidal, cerró un capítulo que durante casi una década mantuvo en vilo a una familia y ocupó titulares en La Guajira y más allá.
Pero para entender el desenlace hay que regresar al inicio, cuando el nombre de Lizana Henríquez Gómez empezó a repetirse en los noticieros con palabras que pesan: falsedad, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, estafa agravada.
El origen: tutelas y facturas en disputa
Corrían los años 2014 y 2015. Lizana se desempeñaba como asesora jurídica de la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira. En ese momento, varias empresas prestadoras de servicios de salud interpusieron acciones de tutela para reclamar el pago de facturas por servicios brindados a usuarios del régimen subsidiado.
La tutela, mecanismo constitucional para proteger derechos fundamentales, se convirtió en el eje de una controversia mayor. Denuncias anónimas encendieron las alarmas y la Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en el trámite y pago de esas obligaciones.
En 2015 llegó la imputación. Los delitos señalados eran graves y el eco mediático inmediato. La noticia sacudió al departamento.
De España a Bogotá
En uno de los momentos más críticos del proceso, Lizana se encontraba en España. La Fiscalía solicitó su extradición y el traslado se hizo efectivo hacia Bogotá. La imagen de una abogada guajira traída desde Europa para responder ante la justicia nacional ocupó espacios informativos de alcance nacional.
Según la defensa, las conductas atribuidas no podían recaer en una sola persona. Durante la investigación también fueron escuchados otros altos funcionarios de la administración departamental de la época. Sin embargo, no hubo imputaciones adicionales.
Desde entonces, el expediente comenzó a crecer. Y con él, la presión.
El peso del proceso
Mientras avanzaban las audiencias, Lizana enfrentó medida de aseguramiento intramural. Su hijo, menor de edad, creció entre visitas y señalamientos públicos. Sus padres, adultos mayores, padecieron quebrantos de salud en medio de la incertidumbre.
El proceso pasó de Bogotá a Riohacha y luego a Maicao por impedimentos judiciales. Cada traslado significó nuevas reprogramaciones. Nuevos aplazamientos. Nuevas esperas.
La defensa estructuró su estrategia. Recolectó elementos materiales probatorios con vocación de prueba. Pero el juicio oral nunca se realizó. Las demoras procesales y la inactividad en algunos periodos fueron acercando el expediente a un límite silencioso: la prescripción.
El 4 de diciembre de 2024
Ese día, un juez decretó la preclusión con fundamento en la causal primera del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal: la imposibilidad de continuar con la acción penal.
En términos sencillos, el Estado perdió la facultad de seguir investigando y juzgando porque los términos legales se agotaron. No hubo oposición de la Fiscalía, que reconoció que razones procesales impidieron la realización del juicio oral.
No hubo sentencia absolutoria tras debate probatorio. Tampoco condena. Hubo prescripción.
Entre reivindicación e interrogantes
Para la defensa, la decisión representa una reivindicación. Sin embargo, el desenlace deja preguntas abiertas sobre la eficiencia del sistema judicial. Las pruebas anunciadas nunca fueron controvertidas en juicio público. Las posibles responsabilidades de otros funcionarios no llegaron a la etapa de imputación.
El caso también estuvo atravesado por un componente político inevitable: el parentesco de Lizana con el entonces gobernador de La Guajira. Según la defensa, ese vínculo marcó el rumbo de la investigación en un contexto de fuerte presión institucional.
Durante casi diez años, el proceso definió su cotidianidad. La privación de la libertad, el señalamiento social y la espera dejaron huella en su entorno familiar.
Hoy, con la investigación cerrada, Lizana Henríquez Gómez intenta reconstruir su nombre y su vida profesional. Su historia es la de un expediente que se extendió en el tiempo hasta extinguirse. Y es, también, la historia de cómo la justicia puede llegar no por un fallo de fondo, sino porque el reloj procesal terminó imponiéndose sobre los hechos.
