El proceso por el escándalo de la Ungrd dio un nuevo giro esta semana. El Consejo de Estado ordenó practicar pruebas dentro del trámite de pérdida de investidura contra nueve congresistas señalados de estar vinculados a la presunta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El Portal de Noticias La Silla Vacia, hace revelaciones del Consejo de Estado, indicando que la decisión implica que el alto tribunal escuchará a varios de los protagonistas políticos y administrativos del caso. Entre las declaraciones ordenadas están las de los exministros Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Diego Guevara, así como la del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, cuya versión ha sido clave para destapar el entramado.
Los congresistas bajo la lupa
La lista incluye a cinco senadores y cuatro representantes a la Cámara:
- Martha Peralta (Mais)
- Berenice Bedoya (ASI)
- Julio Elías Chagüi (Partido de la U)
- Liliana Bitar (Conservador)
- Juan Pablo Gallo (Liberal)
Y los representantes:
- Wadith Manzur
- Juan Loreto Gómez
- Julián Peinado
- Karen Manrique
La demanda sostiene que habrían incurrido en tráfico de influencias y en la violación del régimen de incompatibilidades. Según los demandantes, los congresistas presuntamente gestionaron coimas, contratos y cuotas burocráticas a cambio de destrabar iniciativas clave del gobierno de Gustavo Petro, entre ellas operaciones de crédito público en las que participaron Bonilla y Velasco.
El paquete probatorio
La orden del Consejo de Estado es amplia: incluye documentos, registros de declaraciones de al menos una decena de testigos y soportes sobre la actividad legislativa de los implicados. Parte de las comparecencias se realizará en audiencias programadas para el 9, 10 y 11 de marzo.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia ya cerró la etapa probatoria en el proceso penal relacionado con el mismo caso. Ahora será su Sala de Instrucción la que defina cuáles de los congresistas investigados serán llamados a juicio.
Seis buscan reelegirse
El proceso avanza en plena temporada electoral. Seis de los nueve señalados buscan mantenerse en el Congreso.
Wadith Manzur aspira al Senado con el número 100 en la lista del Partido Conservador y busca saltar desde la Cámara. Su fórmula es Juan Loreto Gómez, representante por La Guajira, quien también intenta reelegirse.
Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), llega a esta contienda con el respaldo político del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”.
Berenice Bedoya es candidata al Senado por la ASI y enfrenta pedidos de renuncia por denuncias de presunta coacción a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Julio Elías Chagüi busca un escaño en el Senado con el número 14 del Partido de la U. Karen Manrique, por su parte, aspira a repetir curul en la Cámara por Arauca con la circunscripción especial de paz y figura con el número 101.
Lo que está en juego
La pérdida de investidura es una de las sanciones más drásticas en el sistema político colombiano: implica la “muerte política” del congresista, al despojarlo del cargo y dejarlo inhabilitado de por vida para volver al Congreso.
El expediente que ahora avanza en el Consejo de Estado corre en paralelo al proceso penal en la Corte Suprema. Dos caminos judiciales que podrían redefinir el mapa político en el Congreso y marcar un hito en la respuesta institucional frente al escándalo de corrupción que sacudió a la Ungrd.
Las audiencias de marzo serán el próximo capítulo de un caso que, lejos de cerrarse, apenas entra en su fase decisiva.
