El Consejo de Estado declaró responsables al Distrito de Riohacha, al operador del servicio de aseo y a Corpoguajira por la prolongada crisis ambiental derivada de la inadecuada disposición de residuos sólidos en la capital de La Guajira, y ordenó la estructuración de un nuevo proyecto para la construcción y operación de un relleno sanitario que cumpla con la normativa ambiental vigente.
La decisión se produjo al resolver una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó la permanencia durante años de un botadero a cielo abierto y la falta de una solución definitiva para la disposición final de los residuos generados en el Distrito.
Según el alto tribunal, se vulneraron derechos colectivos fundamentales, entre ellos el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y la protección de los recursos naturales, debido a las deficiencias en el manejo de los desechos sólidos y la ausencia de acciones efectivas por parte de las entidades responsables.
La Sala recordó que desde el año 2015 existía una licencia ambiental para la construcción de un relleno sanitario. Sin embargo, el proyecto nunca fue ejecutado y, en su lugar, se continuó utilizando celdas transitorias que terminaron superando ampliamente su vida útil, generando riesgos para la salud pública, contaminación ambiental y afectaciones a las comunidades cercanas.
En el fallo, el Consejo de Estado señaló además que hubo fallas en el seguimiento ambiental y en el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las autoridades competentes y del operador encargado del servicio de aseo.
A diferencia de lo decidido en primera instancia, el alto tribunal amplió las responsabilidades e incluyó al operador de aseo y a Corpoguajira. Respecto a esta última entidad, concluyó que incumplió durante más de 15 años sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, sin contribuir de manera efectiva a la materialización de una solución definitiva para el manejo de los residuos sólidos en Riohacha.
Como parte de las órdenes impartidas, el Consejo de Estado dispuso que el nuevo proyecto deberá garantizar la realización de la consulta previa con las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia. No obstante, aclaró que este mecanismo de participación no constituye un derecho de veto sobre la ejecución de la obra.
La sentencia también contempla medidas de restauración y control ambiental, así como la creación de un comité de verificación encargado de supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales y asegurar que Riohacha avance finalmente hacia una solución sostenible para la disposición de sus residuos sólidos.
La decisión representa uno de los fallos ambientales más importantes para Riohacha en los últimos años y busca poner fin a una problemática que ha generado preocupación por sus impactos sobre el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de miles de habitantes del Distrito.