Oposición cree que se trata de una ‘jugadita’ para liberar al presidente en lo que resta de la campaña presidencial y permitir que salga a las calles a realizar actividades proselitistas, a tiempo que se busca victimizarse y dar un golpe de opinión.
En una decisión que ha generado un terremoto político y jurídico en Colombia, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, por una investigación relacionada con presunta participación en política. La medida, considerada por varios expertos como sin precedentes, ha sido cuestionada por presunta falta de competencia constitucional.
La decisión fue adoptada a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial y ha provocado reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos. Mientras los promotores de la medida sostienen que busca garantizar la transparencia electoral, el Gobierno y varios juristas afirman que solo el Senado tiene facultades para suspender a un presidente de la República, por lo que anticipan una batalla jurídica que podría definir el alcance de los poderes de control sobre el jefe de Estado.
Se trata de un hecho extraordinario y, de confirmarse jurídicamente, no tendría precedentes recientes en la historia política colombiana. Sin embargo, es importante precisar que existe una fuerte controversia sobre la validez de la decisión y, por ahora, el presidente Gustavo Petro no ha sido separado efectivamente del cargo, pues varios juristas y sectores políticos sostienen que la medida carece de sustento constitucional.
¿Qué ocurrió?
La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, quien preside la Comisión de Investigación y Acusación, firmó una medida cautelar que ordena la suspensión provisional del presidente Petro hasta el 21 de junio, en medio de una investigación por presunta participación en política durante la campaña presidencial.
La decisión ha provocado un intenso debate porque diversos constitucionalistas, congresistas e incluso miembros del Gobierno aseguran que una representante investigadora o la propia Comisión de Acusaciones no tienen competencia para suspender al jefe de Estado. Según esta interpretación, solamente el Senado podría adoptar una medida de esa magnitud después de que la Cámara aprobara una acusación formal.
¿Es la primera vez?
En el caso de un presidente de la República en ejercicio, sí puede considerarse un hecho sin antecedentes recientes. Incluso medios nacionales e internacionales han calificado la decisión como “sin precedentes” dentro del sistema institucional colombiano.
Aunque Petro fue destituido cuando era alcalde de Bogotá en 2013 por decisión de la Procuraduría, ese era un cargo territorial y posteriormente fue restituido. No existe un antecedente comparable de suspensión provisional de un presidente en ejercicio bajo las actuales reglas constitucionales.