El presidente de Cerrejón, Edgar Alfonso, inició esta nueva etapa al frente de la compañía con una visita a la comunidad de Kamusuchiwo’u, ubicada en Puerto Bolívar, municipio de Uribia. Durante la jornada compartió con la comunidad y recorrió algunas de las iniciativas que hacen parte de los acuerdos protocolizados en el marco de la Sentencia T-704 y del relacionamiento, cuyo cumplimiento registra un avance del 74%.
En este proceso consultivo, la comunidad protocolizó acuerdos con Cerrejón, en presencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, definiendo de manera autónoma la ejecución de 14 iniciativas en las líneas de inversión fortalecimiento cultural, generación de ingresos, infraestructura para beneficio general y soluciones de agua.
De las 14 iniciativas pactadas, las cuales están orientadas a generar ingresos, mejorar la productividad y calidad de vida de las comunidades, nueve ya fueron ejecutadas en su totalidad, tres se encuentran en ejecución y las dos restantes, iniciaran en las próximas etapas del proceso.
Durante la visita, el presidente de Cerrejón realizó la entrega simbólica de la cancha de fútbol, una de las obras que conforman el nuevo espacio multipropósito, junto a oficinas, sala de reuniones, baños, cocina y bodegas. L
“Yo siempre decía que necesitábamos una cancha para que nuestros niños tuvieran un lugar donde recrearse y practicar el deporte, y la misma comunidad se encargó de esa iniciativa. Me atrevo a decir que somos la primera comunidad de Media Luna que cuenta con una infraestructura como esta.
Hoy es un día importante para nosotros porque Cerrejón hace entrega de una infraestructura de esta envergadura. Muchas gracias, ¡y que viva el deporte en Kamusuchiwo’u!”, afirmó José Freyle, miembro de la comunidad de Kamusuchiwo’u. “Me emociona iniciar esta nueva etapa desde el territorio, junto a las comunidades wayuu que hacen posible un relacionamiento directo y constructivo. Para Cerrejón, la Sentencia T-704 ha representado una oportunidad para fortalecer el diálogo con nuestros vecinos.
Kamusuchiwo’u es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando decidimos hacerlo juntos. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestros acuerdos y con generar oportunidades que contribuyan al fortalecimiento sociocultural de las comunidades y al bienestar de sus habitantes.
Estamos orgullosos de seguir impulsando a comunidades cada vez más resilientes”, comentó Edgar Alfonso, presidente de Cerrejón. En el marco del cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016, emitida por la Corte Constitucional, se han protocolizado, con el acompañamiento de garantes locales y nacionales, y organismos de control, 445 acuerdos de consulta previa con las comunidades étnicas identificadas por el Ministerio del Interior. De esos, 431 ya están formalmente cerrados, con un total de 2.546 iniciativas sociales definidas y ejecutadas de manera autónoma por las propias comunidades. “Que estén hoy aquí me parece muy buen gesto y lo agradezco porque, para nosotros, el pueblo wayuu, la cordialidad es un punto de partida muy valioso para el relacionamiento. Pensamos que este último tiempo ha sido uno de los mejores tiempos en nuestra relación con la empresa y valoramos el trabajo de todas las personas que han abonado y han devuelto la confianza a la comunidad, permitiéndonos sentarnos a evaluar, planificar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con nosotros. Si estamos relacionados podemos sentarnos a dialogar los problemas. Hemos cultivado mucho esa buena relación y estoy convencida de que debemos mantener este diálogo fluido”, mencionó Ana del Carmen Gonzáles, autoridad de la comunidad de Kamusuchiwo’u.
Sobre la sentencia T-704
Mediante la Sentencia T-704 de 2016, la Corte Constitucional estableció que Cerrejón debía implementar un plan de mitigación para las comunidades de su área de influencia y adelantar procesos de consulta previa para determinar con ellas las compensaciones necesarias.
La definición de las comunidades que participan en este proceso es competencia de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, que ha identificado 510 comunidades étnicas como objeto de consulta.
Todos estos procesos cuentan con el acompañamiento de garantes locales y nacionales, así como de organismos de control. Además, las comunidades pueden contar, de manera libre y autónoma, con la asesoría de organizaciones indígenas y no indígenas, y abogados elegidos por ellas mismas, garantizando así el principio de información adecuada y suficiente.