“No he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la Corte en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Si así lo fuera, me corresponde defenderme con la verdad y con transparencia”
La senadora guajira Martha Peralta Epieyú quedó formalmente vinculada a una nueva fase del proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De acuerdo con información divulgada este jueves por distintos medios nacionales, la Sala de Instrucción del alto tribunal habría decidido abrir investigación formal y citar a indagatoria a la congresista por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, dentro de las pesquisas relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos financiados con recursos destinados a emergencias en La Guajira.
La investigación buscaría establecer si la dirigente política tuvo algún grado de conocimiento o participación en presuntos direccionamientos contractuales vinculados con la contratación de maquinaria amarilla para Riohacha, uno de los capítulos más sensibles del caso que sacude a la entidad nacional.
Sin embargo, la senadora reaccionó asegurando que hasta el momento no ha recibido notificación oficial por parte de la Corte.
“No he sido notificada de ninguna apertura formal de investigación por parte de la Corte en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Si así lo fuera, me corresponde defenderme con la verdad y con transparencia”, manifestó.
Peralta también cuestionó la divulgación anticipada de información relacionada con el expediente, al considerar que podría tratarse de una vulneración a la reserva legal del proceso y al debido proceso.
“Aquí lo grave es que se filtren versiones interesadas sobre un caso donde las partes no han sido oficialmente notificadas”, señaló la congresista, quien además afirmó ser objeto de estigmatizaciones por su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Este nuevo episodio judicial aumenta la presión política sobre una de las figuras más visibles del Pacto Histórico en La Guajira y se suma a las múltiples líneas de investigación abiertas por el millonario desfalco que golpeó a la UNGRD.
Por ahora, la atención está puesta en la eventual notificación formal de la diligencia y en las explicaciones que deberá entregar la senadora ante el alto tribunal.