La diligencia judicial fue convocada para el próximo 16 de julio y busca que las entidades del Estado definan compromisos frente al cumplimiento de una obligación establecida por la ley.
El proceso judicial que busca hacer realidad la implementación del voto electrónico en Colombia entró en una fase determinante. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca convocó para el próximo 16 de julio de 2026, a las 11:07 de la mañana, una Audiencia Especial dentro de la acción popular que pretende garantizar el cumplimiento de las normas que ordenan modernizar el sistema electoral colombiano.
La decisión fue adoptada por el magistrado Luis Norberto Cermeño, de la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso promovido por Jesús Arnulfo Cobo García contra el Consejo Nacional Electoral y otras entidades del Estado.
La audiencia constituye uno de los momentos más importantes del proceso, ya que durante su desarrollo las entidades demandadas podrán acordar un pacto de cumplimiento, mecanismo previsto en la Ley 472 de 1998 para garantizar la protección de los derechos colectivos que se consideran vulnerados.
Una obligación pendiente desde hace años
La implementación del voto electrónico no es una propuesta reciente. Su adopción fue ordenada por el Congreso de la República mediante reformas electorales que buscaban modernizar el sistema democrático, reducir los riesgos de fraude, agilizar el escrutinio y brindar mayor transparencia a los procesos electorales.
Sin embargo, pese a que la legislación estableció ese mandato hace varios años, Colombia continúa realizando sus elecciones mediante el sistema tradicional de tarjetones físicos y conteo manual, situación que ha generado múltiples cuestionamientos después de varios procesos electorales.
Precisamente, la acción popular pretende que el Estado cumpla con ese mandato legal y adopte las medidas necesarias para poner en funcionamiento el voto electrónico.
Altos funcionarios deberán asistir
En el auto judicial, el Tribunal fue enfático al advertir que las entidades convocadas deberán participar a través de sus representantes legales o de funcionarios expresamente delegados con capacidad para tomar decisiones y comprometer institucionalmente a cada organismo.
La providencia recuerda que la ausencia injustificada de los funcionarios podrá acarrear las consecuencias previstas en la Ley 472 de 1998 y en el Código General Disciplinario.
La diligencia se desarrollará de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, para lo cual el despacho impartió una serie de instrucciones técnicas sobre conectividad, identificación de los participantes y presentación digital de documentos a través del sistema SAMAI.
Un proceso con impacto nacional
La audiencia del 16 de julio podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro del sistema electoral colombiano, pues permitirá establecer si existe voluntad institucional para avanzar hacia la implementación del voto electrónico o si será necesario que la jurisdicción contencioso-administrativa adopte decisiones de mayor alcance para exigir el cumplimiento de la ley.
El resultado de esta actuación judicial es seguido con expectativa por diversos sectores políticos y ciudadanos, al considerar que la modernización tecnológica de las elecciones constituye una herramienta para fortalecer la transparencia, la confianza pública y la legitimidad de los procesos democráticos en Colombia.
De lograrse un pacto de cumplimiento o una posterior decisión favorable dentro de la acción popular, el país podría quedar más cerca de materializar una reforma electoral que, pese a estar prevista en la legislación desde hace varios años, aún permanece pendiente de ejecución.