La batalla jurídica alrededor de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Fonseca sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha admitiera una acción de tutela que cuestiona las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar y, como medida provisional, dejara sin efectos la orden judicial que permitía provisionalmente la participación del candidato Micher Pérez Fuentes en la contienda electoral.
La decisión fue adoptada por la magistrada sustanciadora Leidy Johana Arévalo del Real, quien consideró que el juzgado de San Juan del Cesar habría actuado sin competencia funcional al asumir el conocimiento de una tutela relacionada con un acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), específicamente la Resolución 2094 de 2026, mediante la cual se ratificó la revocatoria de la inscripción de Pérez Fuentes como candidato.
En el auto, el Tribunal advierte que, según las reglas procesales vigentes, este tipo de acciones constitucionales deben ser conocidas por los tribunales superiores o administrativos, y no por jueces del circuito cuando están dirigidas contra decisiones del CNE. La corporación judicial señala además que el control de legalidad sobre los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral corresponde exclusivamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, particularmente al Consejo de Estado.
Con base en ese análisis, el Tribunal concluyó que la medida provisional emitida el pasado 29 de abril por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, que ordenaba permitir la participación electoral del aspirante, habría desconocido la presunción de legalidad del acto administrativo expedido por el CNE.
Uno de los apartes más contundentes de la providencia advierte que permitir la participación de un candidato cuya inscripción fue revocada podría generar “un riesgo inminente de afectación grave al orden constitucional y democrático”, teniendo en cuenta la cercanía de la jornada electoral.
Pero la decisión no quedó allí. El Tribunal también ordenó compulsar copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira para que se investigue a la jueza Adriana López López, titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, por una posible actuación irregular al haber proferido una medida provisional sin competencia funcional.
Mientras tanto, el proceso de tutela seguirá su curso y las partes vinculadas, incluidos los demás candidatos a la Alcaldía de Fonseca, tendrán un plazo de 48 horas para ejercer su derecho de defensa.
La decisión vuelve a encender la incertidumbre jurídica y política en Fonseca, donde la ciudadanía sigue a la expectativa de una definición definitiva que permita despejar el panorama electoral y garantice transparencia, legalidad y estabilidad institucional en unas elecciones que han estado marcadas por una intensa confrontación judicial.