Lo ocurrido durante los últimos días en la frontera de Paraguachón, entre Colombia y Venezuela, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que durante años ha sido evidente, pero que los gobiernos de turno parecen recordar solamente cuando estalla una crisis: la frontera no puede funcionar únicamente como una puerta de entrada y salida de mercancías y vehículos. Allí también viven seres humanos, comunidades enteras que reclaman servicios básicos, seguridad y respuestas institucionales.
El cierre temporal del paso fronterizo, originado por la situación de un transportador venezolano detenido cuyo paradero sus familiares aseguran desconocer, terminó convirtiéndose en una nueva expresión del malestar acumulado a ambos lados de la frontera. Las protestas se extendieron por poblaciones del estado Zulia como San Rafael de Mara, Sinamaica y Paraguaipoa, hasta llegar a la llamada “Tierra de Nadie”, donde fueron instaladas carpas y barricadas que interrumpieron durante horas el tránsito entre Colombia y Venezuela.
Finalmente, las autoridades de ambos países lograron persuadir a los manifestantes para levantar las barricadas y permitir el paso de la caravana de vehículos que permanecía represada. Es una buena noticia, pero apenas constituye un alivio temporal. El problema de fondo permanece.
Paraguachón es una zona profundamente deprimida. No cuenta con un servicio de agua digno, la inseguridad afecta a residentes, comerciantes, transportadores y viajeros, y las llamadas trochas continúan siendo corredores utilizados para actividades ilegales. Mientras tanto, las promesas de los gobiernos se acumulan: mejores servicios, mayor seguridad, infraestructura adecuada y hasta una sede institucional para atender a quienes diariamente cruzan la frontera.
Pero las promesas no abastecen de agua a una comunidad, no garantizan seguridad y tampoco organizan un paso fronterizo que hoy presenta restricciones para los vehículos y que, en buena medida, ha obligado a trasladar el flujo hacia Cúcuta.
La frontera necesita algo más que operativos cada vez que aparece un conflicto. Colombia y Venezuela deben entender que Paraguachón es un territorio estratégico y, al mismo tiempo, una población que no puede continuar viviendo en medio del abandono.
Lo ocurrido debe servir de advertencia. Una frontera no se administra solamente con controles migratorios, aduaneros o militares. También se construye con inversión social, infraestructura, servicios públicos, seguridad y presencia permanente del Estado.
Mientras Colombia y Venezuela discuten sus relaciones bilaterales, en Paraguachón la gente sigue esperando lo elemental: agua, seguridad, vías, atención institucional y oportunidades.
Una frontera viva no puede seguir siendo una frontera olvidada.