La decisión, adoptada dentro del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, obliga a entidades nacionales, departamentales y municipales a presentar diagnósticos, medidas inmediatas y cronogramas para garantizar el acceso al agua en comunidades de Uribia, Manaure y Maicao.
La crisis del agua en La Guajira volvió a llegar a la Corte Constitucional. Esta vez no como una discusión abstracta sobre planes, presupuestos o proyectos futuros, sino a partir de las voces directas de comunidades Wayuu que denunciaron la falta de agua potable, el abandono de infraestructura y los riesgos que esta situación representa para la vida y la salud de niños, niñas y madres gestantes.
Mediante un auto del 3 de noviembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 respondió a las solicitudes recibidas durante la inspección judicial realizada en agosto pasado y adoptó una serie de medidas que comprometen al Ministerio de Vivienda, la Gobernación de La Guajira, ESEPGUA y las alcaldías de Uribia, Manaure y Maicao. T-5697370 Auto medidas urgentes…
Aunque la Corte aclaró que no puede ordenar directamente la contratación y construcción de obras, sí dejó claro que su función es verificar si las autoridades están cumpliendo de manera efectiva con las obligaciones surgidas de la Sentencia T-302, que declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la grave situación de la niñez Wayuu.
La decisión tiene un alcance inmediato: las entidades deberán realizar visitas técnicas concertadas con las autoridades tradicionales, elaborar un diagnóstico individual por comunidad y presentar, en un plazo de dos meses, las acciones urgentes y un cronograma con responsables y fechas de cumplimiento.
Uno de los puntos más contundentes es el mínimo fijado por la providencia. Si durante las visitas se comprueba que alguna comunidad no dispone de al menos 20 litros de agua apta para consumo humano por persona al día, las autoridades deberán adoptar inmediatamente medidas transitorias de abastecimiento e informar a la Corte en los diez días hábiles siguientes. T-5697370 Auto medidas urgentes…
La providencia también pone bajo especial observación dos casos que reflejan uno de los mayores problemas de La Guajira: la existencia de infraestructura construida que no cumple su propósito.
La Alcaldía de Uribia deberá explicar, en 15 días hábiles, por qué permanece inoperativa la planta desalinizadora de la comunidad de Kasiwoluin, entregada en condiciones operativas por EPM a finales de 2024. El Ministerio de Vivienda, por su parte, deberá responder por la intervención realizada en el pozo de la comunidad Mashi, en Maicao, que terminó inservible, así como por la ausencia de una solución alternativa. Ambas respuestas serán conocidas también por la Procuraduría y la Contraloría.