La gerente Andreina García Pinto aseguró que Aqualia, Interaseo y Air-e son las empresas responsables de la prestación de los servicios, mientras que el Distrito debe ejercer vigilancia sobre sus obligaciones. La sesión terminó en medio de alteraciones que impidieron concluir el debate.
Un intenso debate de control político sobre la prestación de los servicios públicos en Riohacha terminó en medio de cuestionamientos, reclamos ciudadanos y una fuerte confrontación durante la sesión de la Asamblea Departamental de La Guajira, convocada por el diputado Luis Lobo.
Uno de los principales puntos quedó planteado desde el comienzo: ninguno de los principales responsables directos de los servicios públicos en el Distrito acudió al debate. No estuvieron representantes de Aqualia, Interaseo, Air-e ni funcionarios de la Alcaldía de Riohacha.
Ante los cuestionamientos formulados durante la sesión, la gerente de ESEPGUA, Andreina García Pinto, fue enfática en delimitar las competencias de la empresa departamental y sostuvo que las dificultades en la prestación de los servicios corresponden a los operadores encargados de suministrarlos.
“El problema aquí no es con ESEPGUA; la misma comunidad lo está manifestando y con toda la razón. Aqualia es la responsable de la prestación del servicio y el Distrito debe hacer seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones”, afirmó García Pinto.
Los reclamos más fuertes provinieron precisamente de la comunidad. Habitantes de Riohacha expusieron las dificultades que enfrentan diariamente con el servicio de acueducto y alcantarillado y cuestionaron que, pese a pagar sus facturas, no reciben una prestación acorde con sus necesidades.
Uno de los testimonios más llamativos fue el de un líder comunal que aseguró haber tenido que cerrar su hotel ante la imposibilidad de garantizar el suministro permanente de agua, situación que, según manifestó, afecta no solamente a los hogares sino también a comerciantes y empresarios.
Recursos nacionales
Durante la sesión también se preguntó por los recursos anunciados por el Gobierno Nacional para atender las necesidades de agua potable en La Guajira, particularmente los relacionados con carrotanques, jagüeyes y ollas comunitarias durante la administración de Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
ESEPGUA aclaró que esos recursos no fueron recibidos ni administrados por la empresa departamental, debido a que las contrataciones fueron realizadas directamente desde Bogotá por entidades del Gobierno Nacional.
Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el diputado Luis Lobo señaló que ESEPGUA estaría en desacato por la situación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR.
García Pinto rechazó el señalamiento y pidió que se presentara el documento que sustentara dicha afirmación. La gerente explicó que el problema de la PTAR existe desde hace aproximadamente 20 años, antes de la creación de ESEPGUA, por lo que, según su posición, no puede atribuirse a la empresa departamental una responsabilidad sobre una situación preexistente.
La discusión no pudo llegar a su conclusión. La intervención reiterada de un ciudadano invitado a la sesión generó momentos de tensión y alteración del orden, hasta el punto de impedir que varios diputados pudieran intervenir y que ESEPGUA terminara de responder los cuestionamientos formulados.
ESEPGUA reiteró que continuará asistiendo a las citaciones de la Asamblea y entregando las explicaciones correspondientes sobre su gestión, insistiendo en la necesidad de que cada entidad responda por las competencias que legalmente le corresponden.