Genaro Redondo aseguró que respetará las decisiones judiciales y anunció que ejercerá los recursos legales. El mandatario sostiene que el proyecto fue diseñado sin contemplar inicialmente una solución completa para el destino final de las aguas residuales.
La sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales vigentes impuesta al alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, y al gerente de Aqualia, Manuel Olivella, por el presunto incumplimiento de una orden relacionada con la terminación del sistema de alcantarillado del barrio indígena Villa Fátima, abrió un nuevo capítulo en una obra marcada por dificultades técnicas, sociales y judiciales.
En declaraciones entregadas al Noticiero Cardenal, El Pulso Caribe y Diario del Norte, el alcalde Redondo manifestó su rechazo a la situación que enfrenta y aseguró que la Administración Distrital presentará los recursos correspondientes para que el caso sea revisado.
El mandatario sostuvo que el proyecto, iniciado desde 2023, fue formulado y diseñado por ESEPGUA y que, según la revisión realizada por su administración, inicialmente no habría contemplado de manera completa el punto final de disposición de las aguas residuales.
“Si usted hace un alcantarillado, tiene que tener varias aristas: las redes, la estación de bombeo, la conducción y un punto final. Ese contrato desde el principio tenía que haber previsto dónde llegaban esas aguas”, expresó Redondo durante la entrevista.
Uno de los principales inconvenientes surgió en la conexión hacia las redes existentes. Según el alcalde, Aqualia adelantó la instalación de aproximadamente 166 de los 170 metros de tubería necesarios para cruzar el sector del puente del Riíto, pero la oposición de habitantes del barrio Arriba impidió culminar los últimos metros de conexión.
La comunidad teme que la llegada de nuevas aguas residuales agrave los problemas que ya enfrenta el sistema de alcantarillado de ese sector, donde, según Redondo, existen frecuentes rebosamientos y dificultades en estaciones de bombeo.
El alcalde afirmó que el Distrito y Aqualia han destinado cerca de 400 millones de pesos para resolver una conexión que, en su criterio, debió estar prevista en el proyecto original. También advirtió que el debate no puede reducirse a determinar quién debe responder judicialmente, sino que debe buscarse una solución técnica que proteja tanto a los habitantes de Villa Fátima como a la comunidad del barrio Arriba.
Sobre la sanción, Redondo explicó que la decisión será sometida a revisión y que presentará ante las autoridades judiciales los documentos relacionados con las actuaciones adelantadas por el Distrito y la empresa operadora.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Villa Fátima deja sobre la mesa una discusión de fondo: cómo terminar y poner en funcionamiento una obra de saneamiento básico sin trasladar el problema de una comunidad a otra. Esa parece ser, ahora, la verdadera prueba para las entidades involucradas.