El tráfico vehicular fue restablecido en el sur del departamento, pero las comunidades advierten que volverán a las vías si no se cumplen los compromisos pactados.
La crisis por la prestación del servicio de energía eléctrica en La Guajira volvió a quedar expuesta con los bloqueos registrados durante los últimos días en diferentes puntos del sur del departamento, una situación que afectó la movilidad y puso nuevamente sobre la mesa el creciente inconformismo de las comunidades frente a Air-e.
Después de varios días de protesta, los manifestantes decidieron levantar temporalmente el paro y permitir nuevamente el tránsito vehicular por las carreteras que permanecían bloqueadas. La decisión se produjo luego de una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Barrancas, líderes comunitarios de Barrancas y Hatonuevo y delegados de Air-e.
El acuerdo, sin embargo, no representa el cierre de la crisis. Se trata de una tregua hasta el próximo martes 18 de agosto, cuando las partes volverán a reunirse para evaluar el cumplimiento de los compromisos y determinar si existen condiciones para mantener suspendidas las protestas.
Entre las principales exigencias de las comunidades está garantizar la continuidad del suministro eléctrico, incluso frente a las fluctuaciones que se vienen presentando. También solicitaron que los líderes de Barrancas y Hatonuevo sean tenidos en cuenta durante las intervenciones técnicas y que las cuadrillas de Air-e concentren sus esfuerzos en el mantenimiento, la reparación de daños y la recuperación del servicio, antes que en las suspensiones.
La situación refleja una problemática que ya dejó de ser un episodio aislado. En mayo, habitantes de Barrancas también bloquearon la vía nacional para protestar por las constantes fallas, interrupciones e intermitencias del servicio eléctrico.
Air-e, por su parte, ha reconocido la necesidad de mejorar la confiabilidad del sistema en el sur de La Guajira. En mayo sostuvo reuniones con autoridades de Barrancas, Hatonuevo, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita, El Molino y La Jagua del Pilar, en las que planteó trabajos de balanceo, traslado de cargas y estudios de capacidad de potencia.
El problema adquiere mayor dimensión porque la empresa permanece bajo intervención estatal. La Superintendencia de Servicios Públicos ha establecido un seguimiento técnico, financiero y operativo permanente sobre Air-e, que presta el servicio a más de 1,3 millones de suscriptores en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Mientras tanto, el Gobierno nacional ha anunciado inversiones para intentar superar problemas estructurales. En abril se inició la construcción de una subestación provisional de 110 kV en Uribia, destinada a mejorar la estabilidad del servicio en Uribia y Manaure y beneficiar a cerca de 400.000 habitantes.
Pero para las comunidades del sur, el problema sigue siendo inmediato: no pueden esperar años por soluciones estructurales mientras los apagones y las fluctuaciones afectan hogares, comercio, instituciones educativas, establecimientos de salud y actividades productivas.
Por ahora, las carreteras están despejadas. La pregunta es si también comenzará a despejarse el camino hacia una solución definitiva para la crisis eléctrica.
El próximo martes será una fecha clave. Si los compromisos avanzan, podría abrirse una nueva etapa de diálogo. Si vuelven las fallas sin respuestas concretas, las carreteras podrían convertirse nuevamente en el escenario de una protesta que ya se está convirtiendo en recurrente en La Guajira.
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