Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en Colombia. La investigación involucra presuntos movimientos de capitales ilícitos y operaciones financieras que, según las autoridades, habrían alcanzado los 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con criptomonedas.
La lucha contra las estructuras transnacionales del narcotráfico y el lavado de activos tuvo un nuevo capítulo en Colombia con la captura de ocho personas requeridas por la justicia de Estados Unidos, en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y autoridades de ese país, que también tuvo repercusiones en la costa Caribe.
Entre los puntos donde se ejecutaron los procedimientos figura Maicao, en La Guajira, junto con Barranquilla, Bogotá y Cajicá, Cundinamarca. La presencia de la ciudad fronteriza dentro del operativo constituye uno de los elementos de mayor interés para la región, aunque la información divulgada no precisa qué papel habría desempeñado el municipio dentro de las actividades investigadas.
De acuerdo con la Fiscalía, siete de los capturados estarían relacionados con una presunta organización dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y el concierto para delinquir. El octavo caso corresponde a una investigación distinta, vinculada con el supuesto blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
Presuntos movimientos de dinero bajo investigación
Las actuaciones judiciales se originaron en requerimientos de autoridades estadounidenses. Según la información oficial, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico señala a varios de los investigados por su presunta participación en mecanismos destinados a circular, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Entre las modalidades descritas figuran transferencias a terceros, depósitos fraccionados y operaciones con instrumentos financieros, incluidos tokens. Las transacciones habrían involucrado a personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
En desarrollo de la investigación fueron capturados Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Juan Daniel Arenas Uribe, alias ‘Juan Arenas’, y Nizar Hachem Sawan, conocido como ‘Nizar’ o ‘El Turco’.
Los procedimientos fueron adelantados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Ejército Nacional.
Criptomonedas: otra ruta para el presunto lavado
La operación también incluyó la captura de Nassim Orfale Vásquez en Barranquilla, requerido por una Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta vinculación con una estructura dedicada al lavado de activos del narcotráfico mediante monedas virtuales.
Según la Fiscalía, la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) estableció que el investigado habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
La cifra pone de relieve la dimensión económica que pueden alcanzar las operaciones financieras bajo investigación y el desafío que representan para las autoridades el rastreo de recursos, la identificación de sus beneficiarios y la reconstrucción de los circuitos utilizados para movilizarlos.
La pregunta para La Guajira
Más allá de las capturas, la inclusión de Maicao entre los lugares de los procedimientos abre interrogantes sobre el alcance territorial de las investigaciones y las posibles conexiones que las autoridades hayan identificado en la frontera.
Sin embargo, hasta el momento, la información suministrada por la Fiscalía no permite afirmar que la ciudad sea un centro de operaciones de la presunta organización ni establecer que las personas capturadas allí hayan desarrollado actividades delictivas dentro del departamento.
El avance del proceso deberá establecer las responsabilidades individuales, el origen de los recursos investigados y las eventuales conexiones entre los distintos implicados.
Las capturas con fines de extradición representan un paso dentro de la actuación judicial, pero no equivalen a una condena. La responsabilidad penal de cada investigado deberá determinarse conforme al debido proceso y las decisiones de las autoridades judiciales competentes.