A 34 años de la creación de la Zona de Régimen Aduanero Especial, el sector comercial advierte sobre los riesgos para el empleo y la economía fronteriza. Solicitan una mesa técnica para revisar las restricciones al ingreso de mercancías.
La incertidumbre vuelve a golpear al comercio organizado de Maicao. Cuando se cumplen 34 años de la creación de la Zona de Régimen Aduanero Especial, los comerciantes advierten sobre las consecuencias económicas que podría generar el cierre definitivo de los puertos artesanales ubicados en Bahía Portete, en la Alta Guajira, utilizados durante años para el ingreso de mercancías extranjeras destinadas al mercado de la zona fronteriza.
La preocupación no se limita a las dificultades para abastecer los establecimientos comerciales. El sector teme que nuevas restricciones terminen profundizando la crisis de una actividad económica que históricamente ha representado una fuente de empleo, ingresos familiares y movimiento comercial para Maicao y otros municipios de La Guajira.
Ante este panorama, los comerciantes solicitan al Gobierno nacional la instalación de una mesa técnica interinstitucional que permita revisar la situación de los puertos, las condiciones actuales de importación y las alternativas para garantizar la continuidad de las operaciones comerciales dentro de la legalidad.
Comerciantes piden que se escuche a la frontera
Uno de los argumentos expuestos por los comerciantes es que, según manifiestan, el ingreso de mercancías se ha reducido considerablemente y los productos que actualmente llegan a la región son adquiridos mediante operaciones por las que aseguran pagar los correspondientes valores y cumplir con los procedimientos exigidos.
Por esa razón, rechazan que se generalice la condición de contrabandistas sobre quienes desarrollan su actividad comercial y reclaman que se diferencie entre las operaciones legales, las que cumplen con los requisitos aduaneros y aquellas que eventualmente puedan incurrir en irregularidades.
La discusión, sostienen, debe abordarse a partir de información verificable sobre la procedencia de los productos, los tributos pagados, los mecanismos de control y las condiciones reales en las que funciona actualmente el comercio fronterizo.
El planteamiento no significa que las autoridades deban renunciar a sus obligaciones de vigilancia y control. La solicitud apunta a que las decisiones se adopten con conocimiento de la realidad económica de la zona y teniendo en cuenta sus posibles efectos sobre comerciantes, trabajadores y familias que dependen de esta actividad.
Un régimen especial que necesita respuestas
La Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure fue establecida mediante el Decreto 1706 del 20 de octubre de 1992, como parte de una política orientada a estimular la actividad económica y comercial de estos municipios. La normativa contempló un tratamiento aduanero particular para la región.
Sin embargo, la historia del régimen también ha estado marcada por dificultades relacionadas con la infraestructura portuaria y las condiciones para el ingreso de mercancías. En 2017, el cierre de Puerto Nuevo ya había provocado reclamos de comerciantes por la escasez de productos, la reducción de las ventas y las amenazas sobre el empleo.
El antecedente demuestra que las decisiones sobre los puntos de ingreso de mercancías tienen consecuencias que trascienden la operación portuaria y repercuten directamente en la dinámica económica de Maicao.
Por ello, el posible cierre de los puertos artesanales plantea interrogantes que requieren respuestas oficiales: ¿cuáles instalaciones serían cerradas?, ¿qué disposiciones sustentan la medida?, ¿qué alternativas tendrían los comerciantes para importar legalmente? y ¿cómo se evitaría que las restricciones afecten todavía más la actividad comercial?
Solicitud ante la Corte Constitucional
La preocupación también quedó plasmada en una comunicación fechada el 24 de agosto de 2026 y dirigida a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.
En el documento, el ciudadano y comerciante Bassem Mohamed Yebara Alhaj presenta un informe sobre la incidencia de las restricciones al comercio y a las importaciones en el empleo y el sustento de las comunidades de Maicao, Uribia y Manaure.
El escrito reconoce que la Sala de Seguimiento no tiene competencia para modificar o derogar directamente las normas aduaneras y comerciales, pero solicita que la información sea considerada dentro de sus labores de verificación y articulación institucional, en el contexto del seguimiento a las órdenes relacionadas con los derechos fundamentales de la población de La Guajira.
Este planteamiento busca poner de presente que las decisiones económicas y aduaneras también deben examinarse a la luz de sus posibles repercusiones sociales, especialmente en territorios que enfrentan condiciones persistentes de pobreza y vulnerabilidad.
El Gobierno tiene la palabra
Los comerciantes esperan que el Gobierno nacional, junto con las autoridades aduaneras y las entidades competentes, abra un espacio de diálogo que permita establecer con claridad la situación jurídica y operativa de los puertos de Bahía Portete.
La mesa técnica que proponen debería examinar las condiciones de habilitación portuaria, los mecanismos de control, los requisitos de importación, las alternativas logísticas y las medidas necesarias para proteger el empleo sin debilitar la lucha contra el comercio ilegal.
La discusión no debería reducirse a una confrontación entre control aduanero y actividad comercial. El desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan ejercer la autoridad, asegurar la legalidad de las operaciones y, al mismo tiempo, evitar que las restricciones terminen agravando las dificultades económicas de la frontera.
A 34 años de la creación del régimen especial, Maicao vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué futuro tendrá su vocación comercial si se reducen las posibilidades de abastecimiento sin que existan alternativas claras y viables?
La respuesta está ahora en manos del Gobierno nacional, al que los comerciantes le piden escuchar a la frontera antes de tomar decisiones que puedan transformar su economía.