La comunidad de Wimpiralein recibió 10.000 litros de capacidad de almacenamiento, en una zona donde el acceso al agua continúa siendo una de las mayores deudas del Estado con el pueblo wayuu
Después de los fuertes llamados de atención de la Corte Constitucional por los incumplimientos en la atención de la crisis humanitaria de las comunidades wayuu, comienzan a aparecer las primeras acciones concretas en territorio.
La Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, ESEPGUA, entregó dos tanques de almacenamiento de agua, con capacidad de 5.000 litros cada uno, a la comunidad de Wimpiralein, en el corregimiento de Jonjoncito, municipio de Uribia.
En total, son 10.000 litros de capacidad de almacenamiento que permitirán mejorar las condiciones de abastecimiento de esta comunidad y constituyen una de las primeras respuestas visibles a los compromisos asumidos ante la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017.
La entidad también participó en las mesas de trabajo realizadas en Jonjoncito, donde fueron expuestas las necesidades de las comunidades y se establecieron compromisos para avanzar en la atención de la emergencia.
Pero aunque la entrega representa un avance, también vuelve a poner sobre la mesa la dimensión del problema: la Alta Guajira no necesita únicamente tanques para almacenar agua; necesita agua disponible de manera permanente, segura y suficiente.
La diferencia es fundamental.
La Corte Constitucional, durante su reciente visita de inspección a La Guajira, volvió a encontrar graves deficiencias en el cumplimiento de las órdenes impartidas hace casi una década. Obras inconclusas, proyectos que aún no comienzan a funcionar y comunidades que continúan dependiendo de soluciones temporales evidencian que la Sentencia T-302 sigue lejos de cumplirse integralmente.
En ese escenario, los dos tanques entregados a Wimpiralein pueden parecer una acción modesta frente a la magnitud de la deuda institucional, pero tienen un significado importante: las órdenes de la Corte comienzan, al menos, a traducirse en acciones concretas sobre el terreno.
Ahora el desafío para ESEPGUA y las demás entidades responsables será demostrar que esta no será otra respuesta aislada ni una fotografía más para el archivo de la burocracia estatal.
Las comunidades wayuu llevan años escuchando anuncios, participando en reuniones y esperando obras que permitan garantizarles un derecho tan elemental como el acceso al agua.
Por eso, la verdadera prueba no estará en la entrega de los tanques, sino en lo que venga después.
La Corte está mirando. Las comunidades también. Y esta vez, el cumplimiento tendrá que medirse con resultados y no con reuniones, visitas o compromisos escritos.