La suspensión provisional de Brayan Giraldo Ruiz abre un nuevo capítulo en las controversias que rodean la transición energética del Gobierno Petro. La Procuraduría investiga posibles irregularidades en un millonario proceso de contratación y advierte sobre un segundo frente relacionado con el presunto uso político de recursos públicos.
La transición energética del Gobierno de Gustavo Petro acaba de entrar en una zona de turbulencia. La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), Brayan Giraldo Ruiz, mientras adelanta una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en un proceso de contratación que ronda los 165.000 millones de pesos.
El expediente tiene como eje un proceso para el mantenimiento, monitoreo y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, considerado estratégico dentro de la política de expansión de las energías renovables.
Según el Ministerio Público, una de las principales alertas estaría relacionada con una adenda que modificó las condiciones de la convocatoria. El documento aparece fechado el 6 de julio, pero un análisis forense de sus metadatos habría establecido que fue creado y modificado realmente el 8 de julio, alrededor de las 7:00 de la noche, cuando el plazo para introducir modificaciones había vencido a las 3:00 de la tarde.
Para la Procuraduría, esta situación podría constituir una extralimitación de las funciones de Giraldo como ordenador del gasto y comprometer principios de transparencia, legalidad, moralidad administrativa y selección objetiva.
Pero el organismo de control también puso la lupa sobre uno de los criterios utilizados para evaluar a los potenciales contratistas: el denominado “cupo de crédito aprobado”. Según la investigación, este requisito podría corresponder a una condición de capacidad financiera para habilitar a los oferentes y no necesariamente convertirse en un factor para otorgar puntaje. La Procuraduría considera que su utilización de esa manera pudo restringir la libre concurrencia y eventualmente favorecer a determinados participantes.
La suspensión provisional busca impedir que el funcionario continúe interviniendo en el proceso mientras avanza la investigación. La medida es por 90 días y, según la información divulgada, no procede recurso contra esta decisión.
El segundo frente: los $250 millones
El caso adquiere mayor dimensión por otro señalamiento que rodea a Fenoge. La Procuraduría también investiga el presunto uso de 250 millones de pesos provenientes de recursos relacionados con el Fondo para financiar una manifestación política en favor del exministro de Minas y Energía Andrés Camacho.
Los recursos habrían sido gestionados mediante un convenio entre Fenoge y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dentro del cual se habrían registrado gastos asociados a movilizaciones políticas.
Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser esclarecidos dentro de las investigaciones correspondientes y no de responsabilidades disciplinarias definitivamente establecidas.
La reacción del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue inmediata. El funcionario aseguró que “hicieron todo por frenar el programa Colombia Solar”, al considerar que los recursos estaban destinados a instalar techos solares para comunidades vulnerables de Magdalena, Arauca, Santander y Sucre.
El episodio deja una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar que la transición energética, presentada como una política para cerrar brechas sociales y llevar energía limpia a los sectores más vulnerables, no termine atrapada en disputas políticas, cuestionamientos contractuales o decisiones administrativas que pongan en riesgo miles de millones de pesos públicos?
La respuesta ahora está en manos de los organismos de control y de los resultados que arroje la investigación.
