A Hernando David Deluque Freyle, considerado por muchos como el mejor gobernador que ha tenido La Guajira en los últimos años, la Corte Suprema de Justicia, le revivió un viejo proceso por presunta adjudicación de contratos sin el lleno de los requisitos legales, en una medida que se aplica veintitrés años después después de haber abandonado su cargo, tras una demanda de nulidad presentada por el equipo juridico de Jorge Ballesteros Bernier.
El proceso judicial tiene su origen en hechos ocurridos durante el periodo 2001-2003, cuando Deluque Freyle ejercía como gobernador del departamento. La investigación estableció presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto destinado a la construcción de obras de acueducto y alcantarillado para Riohacha.
De acuerdo con las decisiones judiciales, el entonces gobernador celebró un contrato por aproximadamente 2.100 millones de pesos sin cumplir los requisitos legales exigidos para la contratación estatal. La investigación concluyó que se autorizó el desembolso de un anticipo cercano al 50 % del valor del contrato, pese a que las obras finalmente no fueron ejecutadas, ocasionando un grave perjuicio al patrimonio público.
La actuación de los organismos de control comenzó hace varios años. Inicialmente intervinieron la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, entidades que cuestionaron la forma como fue adelantado el proceso contractual. Paralelamente se iniciaron investigaciones disciplinarias y penales que terminaron trasladándose a la Corte Suprema de Justicia, competente para conocer el proceso por tratarse de un exgobernador aforado al momento de los hechos.
Tras un largo recorrido judicial, la Sala de Casación Penal encontró responsable a Deluque Freyle por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, decisión que quedó ejecutoriada luego de agotarse los recursos previstos por la ley.
Como consecuencia del fallo, el exmandatario deberá cumplir una pena de siete años de prisión, además de las sanciones accesorias contempladas en la sentencia, entre ellas la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el tiempo fijado por el alto tribunal. La orden de captura fue expedida una vez la condena quedó en firme y posteriormente fue legalizada por la Corte Suprema de Justicia, luego de que Deluque Freyle se presentara voluntariamente ante las autoridades. Corresponderá ahora al INPEC definir el establecimiento carcelario donde cumplirá la pena. Según el Código Penal colombiano (Artículo 38), los mayores de 65 años pueden solicitar cumplir la pena en su casa. No es un derecho automático; el juez analiza si su personalidad y la modalidad del delito hacen aconsejable la medida
La decisión judicial revive uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más antiguos de La Guajira y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de los recursos destinados a obras de infraestructura básica, especialmente aquellas relacionadas con el suministro de agua potable.
Resumen
- Condena definitiva de ocho años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, según la decisión final de la Corte Suprema de Justicia.
- La sentencia quedó ejecutoriada, por lo que ya no procede ningún recurso ordinario.
- La Corte expidió la orden de captura para hacer efectiva la condena.
- El exgobernador se presentó voluntariamente ante las autoridades en Riohacha, donde fue formalizado el procedimiento de captura.
- La captura fue legalizada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
- El INPEC deberá definir el establecimiento carcelario donde cumplirá la pena.
- La sentencia también contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término fijado en el fallo, el exgobernador es un ciudadano con