El presidente electo anunció que el próximo 8 de agosto, desde la Alta Guajira, firmará el decreto que dejará sin efecto la creación de 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI). La decisión impacta directamente a Wuinpumüin, uno de los territorios indígenas más extensos del país, ubicado en el municipio de Uribia.
La Guajira vuelve a ocupar un lugar central en el debate político nacional. El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que uno de los primeros actos de su mandato será la firma de un decreto para revocar la creación de las 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) establecidas durante el gobierno de Gustavo Petro.
La firma del decreto está prevista para el próximo 8 de agosto, en un acto que se realizará en la Alta Guajira, desde donde el nuevo mandatario enviará un mensaje sobre lo que considera una corrección de decisiones adoptadas por el Ejecutivo saliente al margen de las competencias constitucionales.
La Guajira, en el centro de la controversia
La decisión tiene un efecto directo sobre el Territorio Indígena Wuinpumüin, localizado en el municipio de Uribia y delimitado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante la Resolución No. 202673000361726 del 10 de junio de 2026.
Este territorio comprende 257.408 hectáreas, equivalentes a cerca de 2.700 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en una de las Entidades Territoriales Indígenas más grandes creadas en Colombia.
Su creación generó controversia desde el inicio, no solo por su extensión, sino también por los nombres vinculados a su representación legal.
Los nombres que alimentan la polémica
El caso tomó mayor relevancia porque Armando Custodio Wouriyú Valbuena fue el vocero del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno Petro y, además, la persona cuya cuenta bancaria fue utilizada para recibir aportes ciudadanos destinados a esa iniciativa.
Al mismo tiempo, su hermano, Custodio Wouriyú Valbuena, figura como representante legal del Territorio Indígena Wuinpumüin.
De acuerdo con información divulgada en los últimos días, la organización indígena Wayúu-Araurayú, representada por Custodio Wouriyú, habría suscrito contratos con entidades nacionales y territoriales por más de 20.000 millones de pesos entre 2023 y 2026.
¿Por qué serán derogadas?
Las Entidades Territoriales Indígenas fueron reglamentadas por el Gobierno nacional con base en el Decreto 482 de 2025, mediante el cual se argumentó que el Ejecutivo estaba llenando el vacío dejado por el Congreso, que desde la Constitución de 1991 no había reglamentado esta figura.
Sin embargo, el equipo de transición del presidente electo sostiene que el Gobierno anterior excedió sus competencias al crear estructuras administrativas con autonomía y recursos propios sin una ley expedida por el Congreso.
Según el senador electo Enrique Gómez, las 22 ETI abarcan aproximadamente 17 millones de hectáreas, cerca del 15 % del territorio colombiano, además de contar con capacidad administrativa y presupuestal.
Se anticipa una batalla jurídica
Aunque el nuevo Gobierno firme el decreto anunciado, varios analistas consideran que la controversia apenas comienza.
Especialistas en derecho constitucional advierten que cualquier decisión para desmontar las ETI podría terminar siendo revisada por la jurisdicción contencioso-administrativa e incluso por la Corte Constitucional, debido a las implicaciones que tendría sobre los derechos de los pueblos indígenas y la organización territorial del Estado.
Expectativa en La Guajira
En La Guajira, donde la población wayuu representa el pueblo indígena más numeroso del país, el anuncio ha comenzado a generar expectativas entre autoridades tradicionales, dirigentes sociales y sectores políticos.
Mientras algunos consideran que la medida restablece el orden constitucional y evita la creación de nuevas estructuras administrativas sin respaldo legal, otros advierten que podría abrir un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas.
Lo cierto es que la Alta Guajira será escenario del primer gran anuncio político del nuevo presidente, una decisión que promete convertirse en uno de los debates jurídicos y territoriales más importantes del inicio de su mandato.
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