Un ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, dejó tres soldados muertos y decenas de uniformados afectados, entre ellos un joven de 19 años oriundo de La Guajira.
El Ejército Nacional confirmó este domingo 8 de noviembre la muerte del soldado Álvaro Pushaina, quien perdió la vida durante la acción violenta registrada contra la instalación militar.
Pushaina, de apenas 19 años, se convierte en una de las víctimas de un hecho que vuelve a poner en evidencia la utilización de nuevas modalidades de ataque contra la Fuerza Pública en distintas regiones del país. La noticia ha generado dolor entre sus familiares y enluta a una familia guajira que pierde a uno de sus jóvenes en medio del conflicto armado.
En el atentado también murieron los soldados Jairo Lince Carvajal y Dilan Andrés Lozano León, según confirmó la institución militar.
El balance preliminar entregado por el Ejército señala, además, que 16 uniformados resultaron gravemente heridos, mientras que otros 31 fueron afectados por la acción violenta, lo que obligó a activar los protocolos de atención y respuesta para asistir a las víctimas.
El Ejército Nacional rechazó de manera contundente el ataque contra el Cantón Militar de Santa Rosa y calificó lo ocurrido como una grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.
Las autoridades militares y judiciales adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el ataque, determinar quiénes estarían detrás de la acción y avanzar en la identificación de los responsables.
Mientras se conocen nuevos detalles de la investigación, el atentado deja un profundo impacto en las Fuerzas Militares y vuelve a llevar el dolor del conflicto hasta La Guajira, donde una familia recibe la noticia de la muerte de Álvaro Pushaina, un joven que, con apenas 19 años, perdió la vida mientras prestaba servicio a la Nación.
El caso también reabre la preocupación por el uso de drones con explosivos en acciones contra la Fuerza Pública, una modalidad que plantea nuevos desafíos para la seguridad de las instalaciones militares y para la protección de los uniformados en las zonas donde persisten las acciones de los grupos armados.