Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, y Wadith Manzur, senador electo, figuran entre los afectados. Washington enmarca la decisión en su ofensiva contra la corrupción y el narcotráfico.
Una nueva decisión del Gobierno de Estados Unidos sacude el escenario político colombiano. El Departamento de Estado confirmó este jueves 22 de octubre la imposición de restricciones migratorias a siete ciudadanos colombianos, entre ellos dirigentes políticos, un alcalde en ejercicio y el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán. La medida también alcanza a sus familiares.
La determinación fue presentada por Washington como parte de su estrategia para combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental, bajo una política que, según el Gobierno estadounidense, busca actuar contra personas cuyas actividades puedan socavar a los gobiernos elegidos democráticamente.
Además de Roa, la lista incluye al alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales; al senador electo y exrepresentante a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett; y a Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa.
También aparecen los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, así como José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
Una decisión con repercusiones políticas
La inclusión de estos nombres reúne perfiles de distintos sectores de la vida pública colombiana y vuelve a poner en primer plano las consecuencias que pueden tener las decisiones migratorias de Washington sobre figuras con trayectoria política, empresarial y administrativa.
En su comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que las nuevas medidas dan continuidad a los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y a la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del pasado 22 de septiembre.
La administración estadounidense indicó que su política está dirigida contra ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, puedan debilitar las instituciones democráticas, sin distinción de afiliación política.
Sin embargo, el comunicado no detalló las razones particulares que sustentan la decisión frente a cada una de las siete personas mencionadas. Por ello, no sería correcto atribuir automáticamente a todos los afectados una misma conducta o responsabilidad penal.
¿Qué significa la cancelación de las visas?
La medida impide que los afectados utilicen las visas revocadas para ingresar a Estados Unidos y contempla restricciones que también cobijan a sus familiares, según el anuncio oficial.
Se trata de una decisión administrativa adoptada por las autoridades estadounidenses en el marco de sus competencias migratorias y de política exterior. No equivale, por sí misma, a una condena judicial en Colombia ni reemplaza las investigaciones que puedan adelantar las autoridades competentes.
El anuncio también deja planteado un interrogante sobre el alcance de esta estrategia: hasta dónde llegará Washington en su propósito de utilizar las restricciones de ingreso como instrumento de presión contra personas que considera relacionadas con prácticas que afectan la institucionalidad.
Por ahora, la decisión coloca a siete figuras colombianas bajo una medida que trasciende el trámite consular y adquiere relevancia política y diplomática. Sus eventuales repercusiones dependerán tanto de la evolución de los casos particulares como de las explicaciones que puedan ofrecer los afectados y las autoridades involucradas.
La noticia, por tanto, no se limita a quiénes perdieron sus visas. También refleja el endurecimiento de la política estadounidense frente a la corrupción y el narcotráfico en la región, con consecuencias que pueden alcanzar la esfera personal y familiar de quienes son objeto de estas restricciones.
Fuente: comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y reportes periodísticos del 22 de octubre de 2026.