Empleados denuncian presuntas amenazas de terminación de sus contratos tras reclamar el pago de sus salarios.
Una difícil situación laboral atraviesan los trabajadores del Hotel Taroa, ubicado en la avenida Primera, entre las carreras 4 y 5 de Riohacha, quienes decidieron paralizar temporalmente sus actividades para exigir el pago de cuatro meses de salarios que, según denuncian, les adeuda la administración del establecimiento.
Los empleados aseguran que la falta de remuneración durante varios meses ha deteriorado sus condiciones económicas y familiares, al impedirles cumplir oportunamente con sus obligaciones básicas. Ante esta situación, optaron por realizar un cese de actividades como mecanismo de protesta para reclamar una solución a sus demandas.
Sin embargo, la inconformidad aumentó luego de que, según el testimonio entregado por los trabajadores, el director financiero de la entidad encargada de la administración del hotel les advirtiera que podrían ser suspendidos o perder sus contratos como consecuencia de la protesta.
Los empleados consideran que esta advertencia genera preocupación e incertidumbre, pues, además de enfrentar el presunto incumplimiento en el pago de sus salarios, temen quedarse sin su fuente de ingresos por reclamar los recursos que aseguran les corresponden.
Un establecimiento bajo intervención estatal
El Hotel Taroa es un reconocido inmueble de Riohacha que, de acuerdo con la información suministrada por los trabajadores, se encuentra bajo depósito en el marco de una intervención estatal y es administrado por Viviana del Pilar Torres Castañeda.
La edificación estuvo vinculada a Samuel Alarcón, fallecido hace varios años, y a la sociedad Ávila Limitada. Según los antecedentes referidos por los denunciantes, el establecimiento quedó sometido a medidas estatales relacionadas con su situación jurídica.
Este contexto hace necesario esclarecer quién tiene actualmente la responsabilidad administrativa, financiera y laboral sobre el hotel, así como cuáles son los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.
Reclaman una solución inmediata
Los empleados solicitan que las autoridades competentes conozcan la situación y que la administración explique las razones del retraso salarial, informe cuándo se efectuará el pago de los cuatro meses adeudados y aclare si existe alguna decisión relacionada con la continuidad de los contratos laborales.
También esperan que el reclamo sea atendido sin represalias y que se establezca un canal de diálogo que permita resolver el conflicto.
Por tratarse de un establecimiento que, según la denuncia, se encuentra bajo una medida de intervención estatal, resulta pertinente conocer la posición de la entidad responsable del depósito y de quienes ejercen su administración.
La situación plantea interrogantes sobre la protección de los derechos laborales y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la gestión de bienes intervenidos por el Estado.
La pregunta de fondo es concreta: ¿cómo puede un trabajador cumplir con sus obligaciones familiares si lleva cuatro meses sin recibir su salario?
La administración del Hotel Taroa y las autoridades competentes tienen la oportunidad de aclarar lo sucedido y ofrecer respuestas a los empleados, cuya principal exigencia, según manifiestan, es recibir el pago de su trabajo y conservar sus fuentes de empleo.