Cuatro trabajadores fueron amordazados en la bocatoma y sus captores dejaron siglas del ‘EGC’. Alcaldía advierte sobre posibles laboratorios de droga y exige reacción de las autoridades.
La seguridad en La Jagua de Ibirico comienza a adquirir una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de hechos aislados de delincuencia: las autoridades municipales advierten sobre señales que podrían evidenciar la incursión de estructuras armadas ilegales en el territorio y su posible interés en controlar o presionar actividades económicas y obras públicas.
La alerta fue lanzada por el alcalde Leonardo Hernández durante la instalación del tercer período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, donde reveló que los organismos de seguridad ya conocen información sobre la presunta instalación de laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas en jurisdicción del municipio.
Pero la advertencia tomó mayor fuerza tras un episodio ocurrido durante la madrugada del lunes en la bocatoma del sistema de acueducto municipal.
Hasta allí llegaron hombres armados que sometieron a cuatro trabajadores: dos vinculados a la Empresa de Servicios Públicos AAA de La Jagua de Ibirico y otros dos pertenecientes a la firma contratista que adelanta las obras de optimización del sistema de acueducto, un proyecto cuya inversión supera los 30.000 millones de pesos.
Los trabajadores fueron amordazados mientras los desconocidos marcaron las paredes de la infraestructura con las siglas ‘EGC’. Antes de abandonar el lugar, también se llevaron sus pertenencias y, según el relato entregado por la administración municipal, les habrían enviado un mensaje directo a sus superiores: deberían suspender las labores hasta pagar una presunta ‘vacuna’.
La amenaza habría incluido además una advertencia de represalias en caso de incumplimiento.
El hecho es ahora materia de investigación para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y, especialmente, si las siglas utilizadas corresponden realmente a una estructura armada con presencia en la zona o fueron empleadas para generar intimidación.
El caso genera preocupación porque la presión no estaría dirigida únicamente contra personas, sino contra una obra considerada estratégica para la población: el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua.
Para la administración municipal, el episodio plantea una pregunta de fondo: ¿están intentando los grupos ilegales convertir las obras públicas y la prestación de servicios esenciales en nuevos escenarios de extorsión y control territorial?
El alcalde Leonardo Hernández pidió una investigación urgente y anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir acciones con la Fuerza Pública y los organismos judiciales.
La preocupación crece además por la información sobre los presuntos laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas.
Así, La Jagua de Ibirico enfrenta una doble alerta: la posible expansión de actividades relacionadas con el narcotráfico y la presión armada sobre trabajadores y proyectos de infraestructura.
Lo ocurrido en la bocatoma podría ser, por tanto, mucho más que un asalto. Podría convertirse en una señal de advertencia sobre la disputa por el control territorial y económico de una zona donde las autoridades locales reclaman una respuesta contundente antes de que las amenazas terminen afectando directamente a la comunidad y servicios tan básicos como el agua.