La política colombiana enfrenta uno de sus episodios más delicados en pleno inicio del nuevo ciclo electoral. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, ambos recientemente elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, por su presunta participación en una red de corrupción que habría vendido votos en el Congreso para respaldar iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión judicial, tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, sacude al Congreso apenas días después de que los colombianos acudieran a las urnas para renovar el Legislativo. El caso está relacionado con el escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que se encuentra bajo investigación por presunto direccionamiento de contratos a cambio de apoyo político.
Contratos por votos
De acuerdo con las investigaciones, el esquema consistía en asignar contratos financiados con recursos públicos destinados a emergencias, los cuales terminaban favoreciendo a aliados políticos o a regiones de influencia de determinados congresistas.
A cambio, los legisladores habrían respaldado decisiones clave del Gobierno en el Congreso, especialmente aquellas relacionadas con créditos internacionales y proyectos estratégicos para el Ejecutivo.
Los testimonios de exfuncionarios y documentos recopilados por los investigadores apuntan a que el mecanismo funcionaba como un sistema de negociación política dentro del Capitolio, en el que los votos de congresistas eran determinantes para asegurar mayorías legislativas.
Votaciones recientes que hoy quedan bajo sospecha
El escándalo cobra mayor impacto porque ambos dirigentes acababan de ser respaldados en las urnas:
- Wadith Manzur, del Partido Conservador Colombiano, obtuvo más de 135.000 votos, consolidándose como una de las votaciones más altas dentro de su colectividad para el Senado.
- Karen Manrique logró la reelección en la curul de víctimas por el departamento de Arauca, con más de 6.000 votos, asegurando su permanencia en el Congreso para el periodo 2026-2030.
Las elecciones legislativas del 8 de marzo renovaron 102 curules del Senado y 188 de la Cámara de Representantes, en un proceso electoral que definirá el mapa político del país en los próximos cuatro años.
Otros congresistas bajo la lupa
La investigación también salpica a otras figuras políticas. El alto tribunal llamó a juicio a los congresistas:
- Julián Peinado
- Liliana Bitar
- Juan Pablo Gallo
y al excongresista Juan Diego Muñoz, quienes habrían participado en el mismo esquema de intercambio de contratos por respaldo legislativo.
Golpe a la credibilidad del Congreso
El caso revive uno de los debates más sensibles de la política nacional: la compra de votos dentro del Congreso para asegurar mayorías legislativas.
Analistas advierten que el escándalo no solo afecta la legitimidad de los congresistas implicados, sino que golpea la confianza ciudadana en el sistema democrático, justo cuando el país entra en la recta que conducirá a las elecciones presidenciales de 2026.
La captura de los dos parlamentarios, recién ratificados en las urnas, deja una pregunta que hoy recorre los pasillos del Capitolio y la opinión pública:
¿cuántas decisiones del Congreso se han tomado realmente por convicción política y cuántas por negociaciones ocultas detrás del poder?
Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez son siete de los presuntos implicados en corrupción de la Ungrd – crédito Colprensa/X
